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Sublevación hostelera

Los hosteleros de la región están poniendo en marcha diversas iniciativas para mostrar su rechazo a la Ley Antitabaco, causante de la caída de las ventas

S.F.P.

Apunto de cumplirse un mes desde la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, lejos de haberse calmado los ánimos en la hostelería, las iniciativas se están multiplicando en contra de esta normativa que está provocando, según el sector, importantes pérdidas económicas.

Si ya el mes de enero suele ser malo para los negocios de hostelería, si además la crisis económica también está haciendo mella en el sector servicios, con la aplicación de esta ley las ventas han caído considerablemente. Sólo en la provincia de Toledo, según cálculos realizados por la Asociación de Hostelería y Turismo, el porcentaje medio de disminución de la facturación ronda el 35%. Un descenso que se puede trasladar al resto de provincias de Castilla-La Mancha.

Si todos tienen el mismo problema, los hosteleros consideran que la solución es la misma: la suspensión de la aplicación de la Ley Antitabaco. Así se ha acordado en la última semana en las distintas asambleas celebradas por las asociaciones provinciales, que ratificaron el apoyo unánime a la petición realizada desde la Federación Española de Hostelería. Reclaman la aplicación del régimen jurídico establecido en la anterior, «sin perjuicio de que se pueda abrir un proceso negociado para reformar aquellos aspectos de la misma que se consideren necesarios, especialmente los relativos a la mejora de las condiciones de los establecimientos de hostelería que redunden en beneficio de todos sus clientes, así como de quienes por cuenta ajena o propia prestan sus servicios en ellos», según un comunicado remitido recientemente por la Asociación de Hostelería de Toledo.

Para presionar a la Administración a la suspensión de la Ley Antitabaco otras medidas que se están tomando son la recogida de firmas, como ya se hace en Cuenca. Son 180 establecimientos los que están recogiendo firmas para que se revoque la Ley. El presidente de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Borja García, consideraba que cada empresario tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre la ley, incluyendo la insumisión o la huelga.

Y es que el sector está muy nervioso, según García, porque considera que la normativa «ha sido la gota que colma el vaso» para que muchos hosteleros se encuentren en una situación límite.

Precisamente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, también consideraba que la normativa se aplica «con dureza en un momnto muy duro» y no hubiera pasado nada si su aplicación se hubiera retrasado hasta el año que viene.

Siguiendo el ejemplo que han iniciado los hosteleros de Palencia, que convocaron una huelga para protestar por la Ley, los empresarios del sector albaceteños han acordado, en una reunión mantenida también esta semana, proponer un día de cierre a nivel nacional, al tiempo que en bares y restaurantes comenzarán a recogerse firmas, al igual que en Cuenca, para derogar el nuevo marco legal. Así lo indicó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, Juan Sánchez, al término de una asamblea extraordinaria.

Entre los asistentes a la asamblea se repartió una encuesta para evaluar el impacto de la ley en el sector albaceteño. Según Juan Sánchez, el perjuicio que ha ocasionado la prohibición varía según el tipo de establecimientos, aunque «las ventas han descendido en todos y, en algunos, de forma brutal».

Entre los asociados de Toledo ya se ha realizado esta encuesta y los resultados son muy esclarecedores. El 77,58% de los encuestados afirma haber visto reducida su facturación; el porcentaje medio de disminución de la facturación es del 35%; el 87% de las empresas encuestadas están en contra de la prohibición total de fumar; sólo un 12% se muestra a favor de la ley, siendo los establecimientos de hospedaje los que se muestran más favorables con ella.

Y por el lado político las posturas son de comprensión con el sector, aunque sin postularse a favor de sus teorías. Así se pronunciaba la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, quien aseguraba comprender la preocupación de los hosteleros por las pérdidas económicas que están sufriendo desde la entrada en vigor de la Ley, pero dijo que no queda más remedio que aplicar la ley, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con «un amplio consenso».

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