La Generalitat podrá apartar a Renfe del servicio de Cercanías

El acuerdo, escenficado ayer con la reunión entre el consejero Santi Vila y la titular de Fomento, Ana Pastor , en una reunión en Barcelona, es la plasmación práctica del deshielo que en materia de infraestructuras se ha producido entre ambas administraciones: el acuerdo para la N-II en Girona o l as inversiones comprometidas para los accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona han facilitado un acercamiento en el que la buena relación entre Vila y Pastor, ratificada ayer, también ha contribuido.

En el caso concreto de Cercanías, la renovación del contrato venía madurándose desde hacía meses pese a las continuas alusiones por parte catalana a la posibilidad de que Ferrocarrils de la Generalitat, o incluso la SNCF francesa u otrascompañías europeas, relevasen a Renfe. Esta posibilidad está contemplada dentro del proceso de liberalización del sector del ferrocarril en España, y ahora también en el contrato-programa , aunque la complejidad de una sustitución (principalmente por el material móvil, 200 trenes necesarios solo en Barcelona) hacen que por ahora el cambio de compañía sea más una especulación teórica que una opción real.

Según el acuerdo firmado ayer, las capitales de provincia al margen de Barcelona contarán con su propio servicio de Cercanías , que dará servicio a los municipios de su entorno y se irá implementando a partir del próximo enero. En el caso de Barcelona , el nuevo contrato implica también un aumento del número de servicios, 820 trenes diarios frente a los 806 actuales en día laborable. El coste anual del contrato, que corresponde al déficit de explotación (es decir el coste del servicio que no cubre el usuario con el precio del billete) y que paga el Estado, se cifra en 116,4 millones para 2013, 116,9 para 2014, y 119,9 para 2015.

Uso prioritario del catalán

La supresión o el retraso de trenes podrá ser penalizada. A la vez, si Renfe no cumple con los mínimos de calidad puede ver reducida su aportación en tres millones. En última instancia, el Govern se reserva el derecho de revocar, en su totalidad o una línea concreta, el contrato y otorgarlo a otra compañía. El contrato incorpora la obligación de informar al usuario de las incidencias (vía teléfono, sms, redes sociales), así como de dar un servicio sustitutorio por carretera cuando la previsión de resolución de la incidencia supere los 90 minutos. L a Generalitat ha impuesto también el uso prioritario del catalán en la relación con los viajeros.

En rueda de prensa, la ministra Ana Pastor, valoró la inversió que hace el Estado en conjunto, unos 600 millones, y la mejora en el servicio que implicará. El conseller Vila, en esta línea, remarcó que el acuerdo «no es un brindis al sol». Por otra parte, la ministra Pastor consideró «prioritaria» la propuesta del Govern de desencallar los accesos ferroviarios a la T1 del Aeropuerto de Barcelona a través de un tren lanzadera financiada en parte con aportaciones privadas. Ambas administraciones acordaron crean un grupo de estudio para sacar adelante la propuesta.