CORRUPCIÓN
La Policía vincula a la cúpula del PSOE aragonés con un saqueo de 100 millones de euros
Un correo electrónico demuestra que se amañaron contratos por instrucción directa del Gobierno de Marcelino Iglesias
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía vincula ya directamente a la cúpula del PSOE aragonés, instalada en el Gobierno autónomo durante 12 años, con el saqueo de la mayor empresa pública de esta Comunidad, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Las causas abiertas en los juzgados apuntan a que se tejieron operaciones que supusieron el saqueo de unos 100 millones de euros de fondos públicos.
El cerco se estrecha cada vez más sobre el equipo del, hasta hace unos días, portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias. Líder de los socialistas aragoneses durante más de una década, presidió el Gobierno regional desde mediados de 1999 hasta julio de 2011. Fue también durante unos años secretario de Organización del PSOE liderado por Rodríguez Zapatero.
Desde que el accedió al Ejecutivo autónomo, el PSOE se empleó a fondo en multiplicar el entramado de empresas públicas y aceleró la puesta en marcha de la mayor de todas ellas –también la más ruinosa–. Plaza fue la «joya de la corona» de esta estrategia, que se ha saldado con una ruina galopante que, hoy por hoy, compromete directamente el presupuesto de la Comunidad.
Y Plaza fue también un oscuro pozo de irregularidades que se dirimen en los juzgados desde que, hace un par de años, la UDEF empezara a desentrañar el ovillo de relaciones empresariales que se trabaron allí, absorbiendo cientos de millones de euros de fondos públicos y acumulando sospechosos desfases en obras de urbanización por más de 150 millones de euros. Parte se realizaron, según los informes policiales, con facturas falsas, certificaciones de obra manipuladas e incluso trabajos no realizados. En total, casi 100 millones de euros en pagos a los que los investigadores no encuentran justificación alguna.
Nuevo paso de la investigación
Hasta ahora, las investigaciones sobre políticos y directivos nombrados por el PSOE se centraban en dos personas clave: el que fue nombrado gerente de Plaza, Ricardo García Becerril; y un hombre del estrecho círculo de confianza de Marcelino Iglesias, el socialista Carlos Esco, que fue viceconsejero de Obras Públicas y responsable en esa misma sociedad pública. Esco es el marido de Eva Almunia, quien también fue consejera en el Gobierno de Iglesias, fichada luego por Zapatero como secretaria de Estado de Educación y, luego, la elegida para relevar a Marcelino Iglesias como candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de mayo de 2011. Eva Almunia ocupa escaño en las Cortes regionales.
Ahora, la UDEF ha dado un paso más al vincular directamente los tejemanejes con el Gobierno aragonés. El amaño del contrato de urbanización y los sobrecostes no respondían a decisiones personales y aisladas de personas con influencia instaladas en Plaza, sino que procedían desde los despachos del Gobierno aragonés. Más exactamente, desde la Consejería de Obras Públicas, por entonces dirigida por otro de los hombres de confianza de Iglesias, el socialista turolense Javier Velasco, quien luego fue su consejero de Presidencia y que actualmente ocupa una de las vicepresidencias de las Cortes de Aragón.
Unos correos electrónicos extraídos del ordenador del gerente de Plaza muestran cadenas de mensajes que se cruzaron entre ordenadores de la Consejería y de la empresa pública. En ellos se habla abiertamente de instrucciones recibidas desde el Gobierno aragonés para beneficiar a la unión temporal de empresas (UTE) que formaron Necso y la empresa aragonesa MNL. Se ordenó manipular las puntuaciones de los concursos para que la adjudicación recayera en esa UTE y se habla también de los sobrecostes.
La cuestión apunta directamente ya al Gobierno aragonés y compromete al propio Marcelino Iglesias, quien, sin embargo, ni siquiera fue llamado a comparecer la pasada primavera en la comisión parlamentaria de investigación que se abrió en las Cortes regionales para abordar este asunto –dirimido a la par en varios juzgados de la capital zaragozana–.
Ningún partido vio necesario que Iglesias fuera llamado a declarar en esa comisión. Ni siquiera el PP de Luisa Fernanda Rudi, que ocupa el Gobierno aragonés desde julio de 2011 en coalición con el PAR, partido éste que durante los doce años previos fue socio de gobierno del PSOE.
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