«Caso plataforma logística»
Seis millones de fianza para un directivo de Acciona por un caso de corrupción en Aragón
El juez tamibén impone fianza de dos millones de euros para quien le sucedió en el cargo. Ambos trabajan ahora en Sudamérica
El juez que instruye el denominado «caso Plaza», una presunta trama de corrupción en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ocurrido entre los años 2000 y 2011. Plaza S.A., ha impuesto una fianza de 6 millones de euros a José María Jordán, actual responsable de la multinacional Acciona en Brasil. O la deposita, o no podrá recuperar el pasaporte y salir de España para reincorporarse al destino que ahora tiene en ese país.
Plaza es una sociedad pública controlada por el Gobierno aragonés, y los hechos que se investigan corresponden a la etapa en la que se puso en marcha el proyecto y se realizaron las multimillonarias obras de urbanización de los terrenos, en la etapa en la que el PSOE estuvo al frente del Ejecutivo autónomo y controlaba el consejo de administración y los órganos de dirección de esta empresa pública.
La Fiscalía considera que se desviaron unos 50 millones de euros de fondos públicos, que se habrían malversado falseando obras realizadas.
Por el «caso Plaza» están imputados el que fue gerente de esa sociedad, Ricardo García Becerril, dos directivos de Acciona (José María Jordán y Miguel Ángel Bretón), un ingeniero que trabaja para Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y el exdirector técnico de la Plataforma Logística de Zaragoza, Miguel Ángel Pérez.
Jordán trabaja ahora en Brasil, pero fue máximo responsable de Acciona en Aragón y estuvo al frente de la unión temporal de empresas (UTE) que urbanizó los terrenos de la Plataforma Logística, formada por Acciona y por la empresa Mariano López Navarro.
A Jordán la Fiscalía le acusa de cuatro delitos: malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada, cohecho y blanqueo de capitales. Por su parte, Miguel Ángel Bretón sucedió a Jordán al frente de Acciona y de la UTE que urbanizó la Plataforma Logística. Actualmente trabaja como ejecutivo de Acciona en Colombia. En su caso, el fiscal le acusa de tres delitos: malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales.
A ambos se les impusieron el mes pasado medidas cautelares. Entre ellas, la retirada del pasaporte, lo que les impide salir de España y seguir trabajando en los destinos profesionales que ahora tienen en Sudamérica. Ambos solicitaron que se les devolviera el pasaporte, pero la fianza impuesta para ello por el juez que instruye el caso es multimillonaria y bate récords en fianzas impuestas en Aragón a imputados por casos de corrupción.
El juez basa la elevada cantidad que ha fijado para la fianza en cuatro circunstancias fundamentalmente: la gravedad de los hechos que se les imputan, la cantidad supuestamente malversada, su alto nivel de ingresos y el entender que hay un alto riesgo de fuga.
A Miguel Ángel Bretón le ha fijado una fianza de dos millones de euros si quiere recuperar el pasaporte y poder salir de España para reincorporarse a su puesto de ejecutivo de Acciona en Colombia.
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