El fiscal pide diez años de inhabilitación al exalcalde de Alicante por despedir a la cuñada del portavoz del PP

El Ministerio Público le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al entender que despidió en abril del pasado año a Catalina Rodríguez para vengarse del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, después de que éste le hubiera denunciado en el llamado 'caso Comercio'.

Echávarri ha formalizado su renuncia al cargo de alcalde y al acta de concejal en la mañana de este lunes ante la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, aunque lo ha hecho sin personarse y sin la posibilidad de acceso a los medios de comunicación.

El hasta ahora alcalde está procesado en dos causas penales por supuesta prevaricación administrativa: una por el presunto fraccionamiento de 14 facturas por un valor conjunto de unos 144.000 euros en la Concejalía de Comercio y otra por el despido de Catalina Rodríguez.

En esta segunda causa, la juez Patricia Romero dictó el pasado 21 de marzo el auto que transforma las diligencias en un procedimiento abreviado contra el exalcalde.

Según se recoge en esa resolución, Echávarri ordenó el despido inmediato de la interina "careciendo de competencia para ello" y "sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada".

Pese a que entonces había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el Ayuntamiento, tres de ellos en la misma situación que la cuñada de Barcala, pues no ocupaban el puesto para el que fueron nombrados, solo ella fue despedida.

Esa circunstancia, en opinión de la magistrada, evidencia "la voluntad" del entonces alcalde de llevar a cabo una "represalia" por la denuncia del portavoz del grupo popular.

La cuñada de Barcala había sido seleccionada en 2010 para trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad (Maca) y el espacio cultural de Las Cigarreras, pero en 2015 se le encomendó la preparación de exposiciones en la Lonja del Pescado.

Echávarri sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un "fraude de ley", al tiempo que ha negado durante la instrucción judicial que la decisión respondiera a una venganza contra el portavoz del PP.

Sin embargo, la titular del juzgado de Instrucción 2 de Alicante considera que existen indicios de que el decreto "obedece únicamente a la voluntad" del entonces "alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder" .

En su opinión, el procesado dio "apariencia de legalidad a su voluntad, que se erige como fuente del derecho" y ejerció "sus facultades de forma manifiestamente arbitraria".

El pleno del ayuntamiento aprobó el 28 de abril de ese mismo 2017 una declaración institucional por la que condenaba el despido y Catalina Rodríguez fue readmitida en su puesto unos días después.