Greenpeace asegura que el trasvase Tajo-Segura puede acabar en tres años

Y, para ahondar más en el asunto, este jueves se ha hecho público en Toledo un informe elaborado por Greenpeace, «La trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después», que asegura que el trasvase podría acabar en tres años si hubiese voluntad y que dicha cuenca tiene realmente un superávit de 200 hectómetros cúbicos anuales . Según explicó el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, el informe es una revisión del que se publicó hace una década, en el que ya se decía que «la cuenca del Segura no era deficitaria, mientras que en este periodo no han dejado de abrirse nuevas hectáreas de regadío ilegales, concretamente 60.000».

«Murcia puede ser perfectamente autosuficiente con el agua subterránea y no necesitar el trasvase Tajo-Segura nunca más. Nos hicieron creer que la única agua accesible es la fluvial y como es poca vemos que hay un déficit pero es ficticio. Es un dato erróneo. Es una trampa contable porque no hemos incluido estos 500-800 hectómetros que van al mar ». Así de contundente se manifestó también el hidrogeólogo Francisco Turrión, que ha colaborado con Greenpeace en la elaboración de este informe y que lleva trabajando en la cuenca del Segura desde hace 27 años.

«No hay agua para un pequeño agricultor o ganadero y en cambio sí para grandes extensiones de regadío que no cesan de crecer a pesar de que no se pueden ampliar regadíos. No falta agua para urbanizaciones ni plantaciones de grandes empresas», añadió Turrión. Mientras tanto, afirmó, «la imagen que se transmite dentro y fuera de la cuenca del Segura es la de vivir en un déficit de agua continuo, pero que es ficticio».

Con ello, en opinión de este hidrogeólogo, «se intenta justificar la necesidad de megaconstrucciones y grandes plantas desaladoras para seguir alimentando proyectos urbanísticos de la burbuja inmobiliaria (urbanizaciones con viviendas unifamiliares, campos de golf, etc). Y de paso, dar más agua, miles de nuevas hectáreas de regadíos intensivos e ilegales a grandes agroindustrias. Sin embargo, pequeños agricultores, ganaderos y pymes ven sistemáticamente cómo se les niega el acceso al agua».

En su estudio, la organización también ha recogido testimonios de personas afectadas. Según explicó el exagricultor Pedro Morales, presente ayer, «una vez me amenazaron con una pistola en la boca y diciéndome que si continuaba, me iban a quitar del medio igual que le pasó a otra persona. No querían que denunciara en la Administración y en los juzgados lo que me había pasado, ni los daños que me habían causado cuando tuve que dejar mis tierras arrendadas porque en ellas estaban haciendo pozos ilegales».

El estudio lo conoció después el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien dijo a ABC que la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha coincide «mayoritariamente» con el contenido del informe «porque básicamente aposta por un modelo de desarrollo sostenible basado en hacer un uso del agua allá donde está y no de una cuenca a otra». Además, señaló que muchas de las «irregularidades» de las que informa el trabajo de Greenpeace, como la existencia de grandes embalses de agua subterránea en la cuenca del Segura sin aprovechar, las llevan haciendo ellos en los últimos años.

De hecho, según anunció el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, no descartan la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de tener constancia de que se están dando «malas prácticas en el uso del trasvase del Tajo al Segura», con respecto «al mercadeo de los derechos de agua de los regantes».