El TC falla a favor del Congreso frente a los vetos presupuestarios del Gobierno

El máximo intérprete de la Carta Magna reconoce que «una vez» se han aprobado los Presupuestos, el Gobierno está constitucionalmente habilitado para vetar presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos «correspondientes al mismo ejercicio presupuestario». Pero la clave de la sentencia radica en la consideración de que la Mesa de la Cámara Baja puede «rechazar la falta de conformidad del Ejecutivo» con la tramitación de una proposición de ley de la oposición, el veto presupuestario, cuando compruebe que el Gobierno no ha cumplido los requisitos que se le exigen. El TC atribuye por tanto a este órgano el deber de constatar que la iniciativa legislativa vetada por el Ejecutivo afecta de una forma real y efectiva a los presupuestos en vigor, como parte del ejercicio de su función de control técnico-jurídico.

En el caso del veto a la paralización del calendario de la LOMCE, el TC considera que el Gobierno no constató de qué manera habrían resultado afectados los Presupuestos en vigor, pues no realizó un desglose anual de las cuantías afectadas sino que aportó cantidades globales. Y resalta, además, que se refirió «a una pérdida eventual de ingresos procedentes del Fondo Social Europeo» planteando un escenario hipotético que dependía de las decisiones que las instituciones europeas pudieran adoptar en el futuro. Cree asimismo que el Ejecutivo no demostraron la «efectiva conexión» de la iniciativa legislativa con los ingresos y gastos públicos.

Y al respecto recuerda que el artículo 134.6 de la Constitución exige que «esta conexión debe ser directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética. Debe además referirse al Presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y gastos públicos, pues ello supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución».

Otra clave importante de la sentencia se encuentra en la limitación del alcance temporal y material del veto presupuestario. El TC subraya que esta figura solo es aplicable a la Ley de presupuestos «en sentido estricto (y no así, por ejemplo, a las denominadas “leyes de acompañamiento”)» y solo para las medidas que «incidan directamente sobre el Presupuesto aprobado, esto es, sobre “los gastos e ingresos del sector público estatal”».

La prerrogativa del Ejecutivo «se ciñe a aquellas medidas cuya incidencia sobre el Presupuesto del Estado sea real y efectiva . Lo contrario supondría una interpretación extensiva de los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución», concluye. En cuanto a la limitación del alcance temporal, la sentencia explica que las facultades que la Carta Magna otorga al Ejecutivo «están lógicamente vinculadas con el propio carácter anual del Presupuesto, y tienen como finalidad salvaguardar la disposición del Gobierno sobre su propio plan económico, una vez autorizado por el Parlamento».

La Moncloa «acata y respeta» la sentencia pero pone el énfasis en que reconoce «plenamente la potestad del Gobierno de oponerse a la tramitación de proposiciones que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos» y «no cuestiona de forma general esta potestad», según la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. La novedad que introduce el TC es la consideración de que «para poder ejercer la facultad de defensa de los presupuestos en vigor, el Gobierno debe argumentar la existencia de una conexión directa, inmediata y actual sobre los mismos», puntualiza, anticipando que el Ejecutivo seguirá adelante con su estrategia de vetar presupuestariamente cualquier iniciativa de la oposición que suponga un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos. Solo que, a partir de ahora, se preocupará de constatar que la iniciativa vetada afecta de una forma real y efectiva a los presupuestos en vigor. «Esta STC no supone ni mucho menos la supresión -más bien confirma- la capacidad del Gobierno de oponerse a la tramitación de proposiciones de ley, que es una prerrogativa constitucional que la Constitución otorga al Gobierno para defender unos presupuestos que la propia Cámara ha aprobado», subraya.

En lo que se refiere al caso concreto fallado por el TC, Relaciones con las Cortes, el Gobierno reconoce que incluyó una referencia a los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo que se dejarían de percibir que «adolece de un carácter excesivamente hipotético sobre los Presupuestos vigentes y por eso acepta las alegaciones de la Mesa del Congreso». Por ello, no cree que la sentencia sea aplicable a los demás vetos presupuestarios aplicados. En total, más de 60 hasta el momento.

En el Congreso de los Diputados, las reacciones de los grupos parlamentarios no se han hecho esperar. Los partidos se han enterado de este fallo durante la celebración de la Junta de Portavoces, después de que precisamente hoy la Mesa del Congreso aceptase el veto con los votos de de PP y Cs sobre dos nuevas leyes, una proposición sobre la ley de aguas y otra sobre discapacidad. En declaraciones en los pasillos del Congreso el portavoz del PP, Rafael Hernando , ha argumentado que el Constitucional dice que en el caso concreto de la LOMCE el veto no justificaba de forma correcta el aumento de los gastos en el ejercicio en curso, pero que eso «nada tiene que ver con otras leyes que ha vetado el Gobierno que tienen un coste presupuestario».

Por el contrario, el fallo ha llevado el júbilo a las filas socialistas. La portavoz socialista, Margarita Robles , ha dicho que el fallo avala a la Mesa para «permitir la tramitación parlamentaria» pese a los vetos del Gobierno. Y ha cargado sobre Ciudadanos, que hasta ahora se alineaba con el PP porque entendía que la Constitución amparaba al Gobierno. «Entendemos que Cs tendrá que dar explicaciones», que ha pedido a Ciudadanos que «deje de seguir miméticamente al Gobierno».

Desde Podemos han aprovechado la sentencia del Constitucional para descargar la presión sobre el PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, ya que a su juicio no tienen excusa para ampararse en los vetos presupuestarios del Gobierno. «La sentencia del TC dice que el Gobierno tiene su propio criterio, pero el Congreso, el poder legislativo, puede ir en contra de ese criterio», ha asegurado la portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Irene Montero.

En este sentido, la diputada ha recordado que su grupo propuso una ley para actualizar las pensiones de acuerdo al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, una propuesta que quieren debatir en Pleno y que, ha recordado Montero, «no solamente el Gobierno la vetó, sino que la Mesa, con Ciudadanos y el PP, ratificó ese veto».

Por ello, la portavoz de Unidos Podemos ha pedido a los dos partidos que «levanten ese veto y que permitan que esta ley se debata en el Congreso, y luego quien esté en contra de actualizar las pensiones con el IPC que pueda votar en la Cámara, pero que permitan un debate que es un clamor popular». Montero se ha referido expresamente a Ana Pastor y Albert Rivera en su petición, y ha insistido en que «ahora ya sabemos que si el Gobierno no quiere que una cosa se debata, la Mesa puede tener criterio contrario y permitir ese debate».