El PSOE promete una «voladura de los elementos centrales» de la reforma laboral

Mariluz Rodríguez ha presentado esta tarde el programa «Empleos con derechos» que forma parte del programa socialista para las próximas elecciones generales y que «está prácticamente hecho, a falta de ser aprobado por la comisión ejecutiva», apuntó. Curiosamente, el acto ha tenido lugar justo enfrente de la sede de UGT, en el Colegio de Arquitectos, en la madrileña calle de Hortaleza. Después, ha intervenido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Las intenciones del partido que dirige Pedro Sánchez también pasan por no modificar las actuales indemnizaciones por despido, que estarían incluidas en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, además de elevar el salario mínimo (SMI) desde los 648 euros mensuales (14 pagas) actuales a 1.000 euros en dos legislaturas. Asimismo, pretenden eliminar el contrato estrella de la reforma del Ejecutivo de Rajoy, el de fomento de emprendedores, «porque no es indefinido, ya que al año los despiden». Rodríguez ha subrayado que sólo mantendrán tres tipos de contratos: indefinidos, temporales y de formación, y rechaza el contrato único.

Rodríguez también anunció que penalizarán con cotizaciones sociales más elevadas a las empresas que superen dos años los contratos temporales y que ampliarán de forma progresiva el permiso de paternidad hasta igualarlo al de maternidad (16 semanas). El primer paso será levantar la moratoria que fijó el propio PSOE en 2010 y ampliarlo de dos a cuatro meses.

Otra propuesta es conceder una prestación no contributiva de maternidad a todas las mujeres demandantes de empleo durante las seis semanas siguientes al parto. Actualmente, las mujeres que son madres cobran una prestación contributiva si antes han cotizado a la Seguridad Social. Por este motivo, 130.000 madres no cobraron prestación en 2014. El coste de esta medida sería de 73 millones de euros, según Mariluz Rodríguez, a razón de 426 euros al mes durante seis semanas.

El PSOE también propone un plan de choque para la formación y acreditación de competencia de 750.000 jóvenes de entre 16 y 29 años. Duraría seis meses y su coste sería de 1.000 millones de euros, dinero que saldría de las bonificaciones a la contratación (1.400 millones). Sólo se mantendrían las relacionadas con discapacitados, personas en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género, que suponen 400 millones.