Anticorrupción recurre para que sigan imputados los policías del caso Gao Ping

El 7 de agosto, el juez Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó el archivo de las actuaciones respecto a diez imputados en la pieza separada que se abrió dentro del caso Emperador. Andreu alegó en su decisión que desconocía las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía respecto a los presuntos delitos cometidos por otros compañeros, pero fue él mismo, según consta en el recurso, quien solicitó un informe acerca de los funcionarios públicos relacionados con la trama investigada. Lo hizo el 9 de julio de 2013 y recibió la respuesta de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que investigaba la trama, tres días después. Ese informe marcó un hito en la investigación de los posibles comportamientos corruptos , pese a que el magistrado no lo recordaba.

Anticorrupción considera que la reiteración de regalos y dádivas recibidos por los policías, la importancia económica de los mismos -«regalos lejos del poder adquisitivo de las economías medias españolas que por ejemplo no pueden permitirse acudir tres veces en un breve plazo al Santiago Bernabéu» (un comisario y un inspector de Extranjería fueron invitados) y la implicación de terceras personas y familiares de los funcionarios traspasan los límites socialmente aceptados. Sobre todo porque esos regalos tenían, según se detalla en el escrito, contraprestaciones : facilitar información a miembros de la trama de Gao Ping.

El principal al que se refieren y sobre el que piden que continúe también el procedimiento es Yongping Wu Liu «la única persona en España que tiene, en la práctica, una terminal de las bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía a su disposición permanente», ironiza la Fiscalía tras enumerar las consultas a las bases de datos oficiales realizadas por cada uno de los agentes investigados.

El juez Andreu sostuvo que no había un delito de revelación de secretos porque el acceso a dichas bases se hizo por quienes tenían autorización. Pero la Fiscalía recuerda que «no puede accederse para fines ajenos a la función encomendada» y echa mano de la doctrina del Tribunal Supremo: deben estar autorizados judicialmente o estar incluida la consulta en un expediente administrativo abierto.

En el recurso aparece un duro reproche de la Fiscalía al actual comisario general de Policía Judicial, quien emitió un informe el pasado 28 de julio que sirvió de base a Andreu para exculpar al inspector de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo. «Es un escrito que se refiere en exclusiva a este imputado (olvidándose del resto), que resulta absolutamente intrascendente para esta causa», señalan y añaden que no se lo pidió ni el juzgado ni la Fiscalía.

«Con este escrito el Sr. comisario general ignora, contradice de forma frontal y sin motivar, desautoriza sin elemento lógico alguno el trabajo realizado por sus unidades (UDYCO y UDEV) y la de Asuntos Internos », concluye la Fiscalía. Según se explica, al máximo responsable de Policía Judicial no le corresponde calificar si Gómez Gordo cometió o no hechos delictivos como hace -«no analiza ni una sola intervención telefónica y no razona por qué llega a esa conclusión»; solo tiene un conocimiento general de las investigaciones a través de sus unidades y «ni siquiera estaba ocupando el mencionado cargo cuando se llevó a cabo la presente investigación».