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Más de la mitad de los cursos de formación andaluces son irregulares

La Intervención detecta infinidad de trampas para saquear las ayudas de los cursos a parados en Málaga, Cádiz y Almería

Más de la mitad de los cursos de formación andaluces son irregulares EFE

javier chicote

Informes especiales de la Intervención General de la Junta de Andalucía acreditan que el 51 por ciento de los cursos de formación impartidos en Málaga, Cádiz y Almería presentan graves irregularidades. Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, la Intervención, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha encontrado pruebas de la gran estafa perpetrada con cargo a subvenciones públicas, en muchos casos imposible de cuantificar, ya que en buena parte de los cursos ni siquiera se ha presentado la documentación básica para demostrar que en realidad se impartieron.

Los informes se refieren a cursos impartidos entre 2009 y 2012 en las tres provincias -la fase «Costa» de la operación Edu - y denuncian la «falta de diligencia» en el control del Servicio Andaluz de Empleo. Uno de los principales fraudes es la contratación de «profesores fantasma». Como ocurrió en el escándalo de los ERE con los falsos prejubilados, la operación Edu también ha puesto patas arriba un entramado de «intrusos». La Intervención ha encontrado profesores que, sin impartir clases de formación, cobraban por ellas, en connivencia con la empresa o asociación que organizaba el curso.

Por ejemplo, en la provincia de Cádiz han percibido salarios «monitores que según la ficha del curso no han desarrollado horas teóricas, ni prácticas, ni de evaluación o tutorías, en ninguno de los módulos impartidos». Los informes son tajantes: «Se imputan gastos de personas que no han desempañado labores de formador». En otro caso aparece como profesora del «curso de Camarero de Restaurante-bar» una «educadora social» que en realidad tenía contrato de «cuidadora» en un centro. Todo apunta a que prestó su nombre como «profesora fantasma». De hecho, en ocasiones se llegó a falsear cursos completos. Es el caso de los cursos 29-1 y 29-2 de «animador turístico». El organizador cobró y justificó subvenciones para dos cursos que, según la documentación que figura en el expediente, «tenían la misma duración, se celebraron en el mismo periodo de tiempo (entre octubre de 2010 y mayo de 2011), con el mismo horario, en el mismo lugar, misma aula, con los mismo equipos, los mismos alumnos y los mismos monitores». Es decir, el mismo día a la misma hora y en el mismo lugar, un mismo profesor impartía dos cursos a la vez.

También se han encargado cursos a subvenciones públicas en días que eran festivos, como el 12 de octubre y el 25 de julio. Según el calendario oficial, ese día los alumnos no tenían clase, pero la memoria entregada a Empleo dice que sí hubo. El pago fue autorizado. En otros casos, era imposible saber el número de alumnos, ya que no hay listas de firmas.

Otra de las innumerables trampas de este enorme desfalco se ha producido manipulando los costes de los materiales supuestamente utilizados. Las empresas beneficiarias compraban material y se deducían el IVA. Solicitaban a Hacienda la devolución o compensación del impuesto dado que es un producto para su actividad, pero luego pasaban a la Junta el gasto con el IVA incluido. De este modo, el impuesto se convertía en beneficio neto de la empresa que impartía el curso.

«Colar» facturas

En otras ocasiones se han «colado» facturas por la compra de productos que no eran para el curso: un restaurante en el que se imparte un curso de camarero compra alimentos y bebidas para servirlos a sus clientes y se lo carga a la subvención como «material didáctico». También se inflaron precios. Los fondos de Empleo de la Junta pagaban los libros utilizados en un curso a 31,58 euros, pero los inspectores han comprobado que esos mismo libros estaban a la venta por 20 euros. La factura se infló casi un 60 por ciento.

Llamó la atención de los interventores que en otro de los cursos se justificaron 70.376 euros por las nóminas de dos monitores, pagos que se realizaron «en efectivo». La normativa limita los pagos en metálico a 1.000 euros y, además, en un mismo curso el total de las cantidades abonadas en efectivo no puede superar los 3.000 euros. En este caso se pasaron por más de 67.000. No hay documentos que acreditaran esos pagos. La Intervención de la Junta reprocha a las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo que no comprobaran muchos de los expedientes y que, en los que sí comprobaban y hallaban las irregularidades, los daban por buenos y no exigían la devolución del dinero: «Podemos concluir que la entidad no ha cumplido con la legislación aplicable».

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