El juez sienta en el banquillo a la infanta Cristina y eleva a 2,6 millones la fianza

«Ninguna imputación ha sido tan fundamentada como la de la infanta»Castro en el auto de la infanta: «Lo que tú defraudas, lo pagamos todos»Una doctrina que parecía a la medida de la duquesa Anticorrupción pide para Urdangarin 19 años y medio Pdf Auto de apertura de juicio oral

Pero el órdago de Castro fue incluso más allá de lo esperado. El juez ha impuesto a Cristina de Borbón una fianza civil de 2.697.150 euros, muy por encima de los 587.413 euros que le pedía la Fiscalía y que la infanta consignó la pasada semana. La caución para Urdangarin también es altísima: 14.957.262 euros.

El magistrado, desafiando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que se negaban a llevar a juicio a la hija de don Juan Carlos, acusa a la infanta de ser “cooperadora necesaria” de los delitos fiscales de su marido, quien ocultó al fisco182.005 euros de IRPF en 2007 y 155.138 euros en 2008. Castro, en su auto, sostiene, en síntesis, que la intervención de la duquesa a través de Aizoon, la empresa familiar que comparte con Urdangarin, fue imprescindible para cometer esos dos delitos.

El resto de personas que se tendrán que sentar en el banquillo junto a la infanta son: Iñaki Urdangarín, Diego Torres, Ana María Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Jaume Matas, José Luis Ballester, Juan Carlos Alía, Miguel Angel Bonet, Gonzalo Bernal, Luis Lobon, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado, Jorge Vela, Mercedes Coghen, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

El auto sobresee las actuaciones contra Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia y número 2 de Rita Barberá. Además de Grau, Castro desimputa a Miguel de la Villa Polo y Gerardo Corral.

El auto fija un plazo de treinta días, en atención a la complejidad de la causa, para que los acusados presenten sus escritos de defensa. Tras este trámite, la pieza 25 Nóos será remitida a la Audiencia Provincial de Palma para celebrar el juicio.

El Juez cierra el auto señalando que contra esta resolución no cabe recurso alguno pudiendo los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas. Se trata, sin duda, de una advertencia a la Fiscalía, que ya había avisado que estaba estudiando apelar este auto si el magistrado incluía a la infanta.

En el caso de la infanta, Castro, por tanto, ha rechazado, tal y como reclamaba la Fiscalía y la propia defensa de la duquesa, aplicarle la denominada ‘doctrina Botín’, según la cual no puede abrirse juicio contra una persona por delitos fiscales si la Abogacía del Estado (defensora de la Agencia Tributaria) y la Fiscalía (defensora del interés general) no se consideran damnificadas y no acusan.

El magistrado, tal y como se esperaba, ha hecho suyo el “matiz” que le señaló la Audiencia Provincial en su autor del pasado 7 de noviembre, en el que le abrió el camino a sentar en el banquillo a la duquesa, al entender que la ‘doctrina Botín’ no es aplicable en este caso porque la imputada está acusada de “cooperación necesaria” en los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido y e que estos ilícitos se van a juzgar de cualquier modo porque sí hay acusación pública.

Tras el auto de hoy -que no puede ser recurrido por los imputados aunque sí, indirectamente por la Fiscalía, aunque seguramente con poco éxito- la hija de don Juan Carlos se enfrentará a un juicio en el que la acusación de Manos Limpias le pide hasta ocho años de cárcel por haberse participado de manera activa, a través de Aizoon, la empresa que comparte el matrimonio, de los dos fraudes de su marido al fisco.

El auto de apertura oral conocido este lunes, además, demuestra que la decisión de la infanta de pagar los 587.413 euros que la Fiscalía le reclama como responsabilidad civil por haberse enriquecido con esos dos fraudes no va hecho cambiar de parecer a Castro con respecto a la responsabilidad penal de la imputada.

La decisión del juez de sentar en el banquillo a la infanta ya se venía venir desde que el pasado verano mantuviera imputada a Cristina de Borbón, un fallo confirmado en noviembre por la Audiencia Provincial.

«Hay sobrados indicios –había escrito Castro hace solo seis meses- de que Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social» de Aizoon, la empresa que al final ha sido el punto débil de la defensa de la hermana de Felipe VI.