Lea el discurso íntegro de García-Margallo en Cuba

Me honra dirigirme a quien en el futuro representará a Cuba en el exterior, a los miembros del Cuerpo Diplomático, a los empresarios, a los descendientes de los españoles que en su día emigraron a Cuba, a los alumnos del Colegio Español de La Habana y a los jóvenes que hoy nos acompañan.

En vuestras manos está el futuro y a vosotros me dirijo especialmente esta tarde.

Hablar de la Transición a la democracia, para un orador británico o francés –pongamos por caso- puede ser un asunto estrictamente académico.

Pero para un español de mi generación, hablar de la Transición es hablar de los mejores años de nuestra vida. Mucho más para mí, que sentí pasión por la política desde muy joven. Pasión por España.

Me afilié a las Juventudes Monárquicas Españolas allá por los años sesenta del pasado siglo. Un año antes de entrar en la universidad.

En los años setenta, a mi vuelta de Harvard, me incorporé a los grupúsculos que pretendían un cambio pacífico de la dictadura a la democracia.

Grupúsculos que abrazaban credos políticos muy diversos pero que coincidían en una obsesión común: acabar con el secular enfrentamiento entre las dos Españas que, tantas veces, había terminado en tragedia.

Encima de mi mesa de despacho, siempre estuvieron la bandera española y un verso de Machado que dice así:

«Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón».

Yo tuve el honor de ser diputado constituyente por el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático. Y participé, por tanto, en la elaboración, debate y votación de nuestra Carta Magna: la llamada «Constitución de la Concordia».

En febrero de 1981 estaba sentado en mi escaño cuando el Teniente Coronel Tejero quiso acabar por la fuerza con nuestra incipiente democracia. Las imágenes de la guerra fratricida que había enfrentado a nuestros padres pasaron por mi cabeza con una terrible nitidez. Pensé que íbamos a volver a las andadas.

Quienes quieran conocer mejor lo que pasó aquellos días deberían leer un libro de Javier Cercas que lleva por título «Anatomía de un instante». En la portada aparecen el Teniente Coronel Tejero empuñando una pistola y Adolfo Suárez de pie arrogante, casi arrogante, consciente de encarnar la legitimidad democrática.

Por fortuna, aquello pasó. Y hoy puedo decir con orgullo que la Constitución que entonces diseñamos nos ha permitido disfrutar de cuarenta años de paz civil, libertad y prosperidad. Años en que los centristas, los socialistas y los populares nos hemos alternado con absoluta normalidad.

Exactamente lo contrario de lo que ocurre en los años 30 del pasado siglo. La República llega prácticamente sin contestación. Pero pronto las divisiones políticas empiezan a arruinar la convivencia.

Las elecciones de 1931 fueron ganadas por una coalición de izquierdas liderada por el presidente Azaña. Las de 1933 por una coalición de derechas, liderada por Gil Robles. El resultado no fue aceptado por las izquierdas, que se sublevaron en 1934. En febrero de 1936, las izquierdas se alzan con el triunfo. En esta ocasión, fueron las derechas las que se negaron a acatar el veredicto de las urnas.

Seis meses después estalla una guerra civil que causa más de 300.000 muertos. Una guerra entre hermanos que tiene motivaciones políticas, ideológicas, de lucha social y también religiosas.

Como en toda guerra, mueren personas en el frente y mueren personas en la retaguardia por el mero hecho de ser comunistas, socialistas, anarquistas, liberales o demócrata-cristianas. O por el mero hecho de ser católicas. O por ajustes de cuentas y rencillas.

El 1 de abril de 1939 acaba la Guerra Civil. Pero no llega la Paz; llega la Victoria. Lo dijo Franco con absoluta claridad:

«Terminó el frente de la guerra pero sigue la lucha en otro campo».

Las fuerzas políticas que son derrotadas en la guerra -comunistas, socialistas, liberales, democristianos y monárquicos- son excluidas de la clase política. Muchos españoles tienen que rehacer su vida fuera de España, en Europa o en América.

Quisiera recordar, aquí, a dos españoles ilustres que, como otros muchos, se refugian en Cuba: a Manuel Altolaguirre, poeta, y a María Zambrano, pensadora.

El régimen de Franco dura casi cuarenta años. La sociedad española cambia mucho en este periodo; se flexibilizan –insuficientemente- algunas leyes y se actualizan ligeramente las instituciones del franquismo. Sin embargo, los principios rectores del régimen –los llamados principios rectores del Movimiento nacional- permanecen inmutables durante toda su vida.

Los partidos políticos están prohibidos incluso en los momentos finales del régimen. En 1966, casi treinta años después de terminada la Guerra Civil, Franco alardea de haber acabado «con el artificio de los partidos políticos y con las ambiciones partidistas que se conviertan en factores opuestos al juego normal de las instituciones políticas».

No existe libertad de reunión ni de manifestación. Se censuran los libros, la prensa, la radio o los cines, sobre la base de criterios no solo políticos sino también religiosos. En la versión española de Mogambo, Dennis O’Dea y Grace Kelly, amantes en la versión original, son convertidos en hermanos por la censura. Lo que transforma en incesto un simple adulterio.

Y es que la religión católica, en su versión más arcaica, impregna todos los aspectos de la vida de las personas: de la educación de los niños a la regulación del matrimonio. En los primeros años del régimen es delito bajar a una playa sin un albornoz que cubriese las turgencias más perturbadoras.

No se puede enseñar en las otras lenguas de España diferentes del castellano: euskera, catalán, valenciano o gallego.

Como acabo de señalar, los principios del Movimiento Nacional permanecen inalterables hasta el final del régimen pero la sociedad española de 1975 nada tiene que ver con la de los años 30.

Pero –como creo también haber dicho- una cosa es que los principios del Movimiento pareciesen tallados en piedra y, otra muy distinta, que no ocurriesen cosas que preparan la Transición democrática.

Como alguien ha dicho con acierto, en España no hubo una sola Transición, sino varias transiciones, que allanan el camino a la democracia plena:

La primera se produce cuando España empieza a asomarse al exterior. En 1953 se firmaron los Acuerdos con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede. En 1955, España ingresa en la Organización de las Naciones Unidas, en la OCDE y los embajadores empiezan a volver a Madrid.

La normalización de las relaciones diplomáticas no pudo ir mucho más allá: las puertas de Europa y de la Alianza Atlántica permanecen cerradas hasta la Transición democrática.

La segunda Transición es de naturaleza económica. En 1959, el Plan de Estabilización supone la renuncia a la autarquía y la aproximación de las estructuras económicas del país a las del resto de Europa.

Se aprueba una ley de inversiones extranjeras y se unifican los tipos de cambio.

España se incorpora al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.

En los años siguientes al Plan de Estabilización, los gloriosos 60, España crece y se transforma socialmente. Pasa de ser un país rural a un país urbano. Pasa de ser un país agrícola a un país industrial y de servicios. Y, poco a poco, se consolida una pujante clase media. Que como dice la canción de Jarcha, la gente sólo quería «su pan, su hembra y la fiesta en paz».

Paradójicamente el régimen de Franco crea las condiciones materiales para que el cambio político pueda realizarse con tranquilidad. Las carencias sociales que debilitaron la República empiezan a desaparecer en esos años.

La tercera Transición es de naturaleza política, aunque circunscrita a la llamada oposición democrática.

En los años posteriores a la Guerra Civil, sólo los comunistas intentan resistir al franquismo.

En 1962 se reúnen en Múnich opositores del exilio y del interior, de ideologías democristiana, liberal y socialista. Todos ellos unidos por un solo propósito: suturar las heridas de la Guerra Civil y sellar una auténtica reconciliación nacional.

Lo expresó perfectamente Salvador de Madariaga:

«Los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y los que escogimos la tierra perdiendo la libertad nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad».

Los cambios internos que acabamos de describir -así como la perentoria necesidad de aproximar nuestras instituciones políticas a las de los países de nuestro entorno- propician una tímida apertura política que se materializa en los hechos siguientes:

El primero se produce en 1966 cuando se aprueba la Ley de Prensa. Una ley que anula la censura previa pero contempla el secuestro administrativo de las publicaciones y establece sanciones para quien escriba o publique algo que se considere contrario a los Principios Fundamentales del Movimiento.

Como dijo Miguel Delibes, «antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes».

El segundo hito importante en este proceso de apertura acontece en 1974, sólo un año antes de la muerte de Franco. Ese año, el gobierno abre las puertas a las asociaciones políticas, por supuesto siempre que fuesen compatibles con el Movimiento Nacional. Así que solo unos cuantos falangistas sacan provecho de este nuevo Estatuto.

La sociedad española acoge, con absoluta indiferencia, una reforma que no iba con ella.

El 22 de noviembre de 1975, con la proclamación del Rey Juan Carlos es cuando empieza propiamente la Transición política.

Sólo dos días después de la muerte de Franco, el Rey hace públicas sus intenciones:

«Que todos entiendan que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional… Que nadie tema que su causa sea olvidada… Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar: la Corona, los ejércitos de la Nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos».

En los primeros meses del reinado el proceso no acaba de arrancar. El gobierno del presidente Arias se resiste a llevar a la práctica el deseo de cambio que el Rey ya había expresado.

Por eso, el 3 de julio, es nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez. La sorpresa es generalizada porque venía de las entrañas mismas del franquismo. Era el secretario general del Movimiento.

A propósito de este nombramiento, Ricardo de la Cierva escribe un artículo que titula: «Qué error, qué inmenso error».

Sólo unos días después, el nuevo presidente sorprende a propios y a extraños con una declaración que reproduzco a continuación:

«Este pueblo nuestro no nos pide ni milagros ni utopía; nos pide que acomodemos el derecho a la realidad, que hagamos posible la paz civil por el camino de un diálogo, que sólo se podrá entablar con todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas. A todo esto os invito. A quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal».

Lo que viene después es de sobra conocido. Sí quisiera aquí recordar que no fue fácil. La Transición se produce en un ambiente muy crispado.

Las circunstancias económicas son muy difíciles porque el régimen de Franco no había sido capaz de hacer frente a las consecuencias económicas de 1973: en 1977, la inflación supera el 37 por ciento, el desequilibrio de nuestras cuentas en el exterior alcanza niveles nunca conocidos hasta entonces y las cuentas públicas están fuera de control.

Por si esto fuera poco, la violencia terrorista de distinto signo parece decidida a impedir que los españoles recuperemos la paz y la libertad.

La organización terrorista ETA mata mucho más en democracia. En 1975, el año en que Franco muere, mata a una persona. En 1976, a 18. En 1977, a 12. En 1978, precisamente el año en que se aprueba la Constitución, a 64. En 1979, a 84… En total, hasta hoy, 829.

Pero no sólo ETA parece dispuesta a abortar la Transición. El 11 de septiembre de 1976, Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, es secuestrado por el GRAPO, un grupo terrorista cuya verdadera naturaleza no se ha sabido nunca.

El 24 de enero de 1977, un grupo terrorista de ultraderecha, asalta el despacho de unos abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid, asesina a cinco personas y deja a cuatro malheridas.

En medio de todas estas dificultades, el espíritu de la Transición va tomando cuerpo a través de las siguientes medidas:

La primera que resulta clave fue la firma en septiembre de 1976, de los dos Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas: por un lado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y, por el otro, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La firma –y posterior ratificación de estos Pactos unos meses después- es fundamental para el reingreso pleno de España en la comunidad de naciones.

Estos instrumentos –junto a la adhesión a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- son elementos imprescindibles, no solo para la defensa de los derechos del ciudadano, sino también para marcar la pauta de la actuación de las instituciones.

La segunda de las medidas claves en la Transición es la Ley para la Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976. La ley dispone la elección de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal. Por primera vez desde febrero de 1936, los españoles pudimos elegir a nuestros representantes en Cortes.

La tercera es el Decreto-Ley de 8 de febrero de 1977 que permite la legalización de los partidos políticos. Ésta legalización -que se extiende al Partido Comunista Español el Sábado de Gloria del mismo año- provoca la dimisión de varios cargos militares importantes.

La cuarta medida que quiero recordar aquí es el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 que deroga la censura, las sanciones y el secuestro de periódicos. Nunca en España ha habido más diarios, más revistas y más publicaciones que entonces.

Repasados los hitos de la Transición, me van a permitir ahora hacer una reflexión que tomo prestada de Julián Marías. En su opinión, que comparto plenamente, uno de los aciertos del cambio en España fue que lo que primero se recuperó fueron las libertades de asociación y de expresión.

Esas libertades, ejercidas por todo aquel que quisiera, durante el año y medio anterior a las primeras elecciones democráticas, facilita un intercambio nacional de pareceres y crea una opinión pública madura, que fue a votar luego con conocimiento de causa. Es decir, primero llega la libertad y, luego, el ejercicio democrático del voto.

Quiero subrayar que, por primera vez desde febrero de 1936, todos los españoles acudimos libre y voluntariamente a las urnas el 15 de junio de 1977.

La campaña electoral –mi primera campaña- no fue una batalla campal como temían quienes habían vivido la Guerra Civil. Fue una fiesta. Las paredes de nuestros pueblos se llenaron de carteles electorales. Las calles de coches que llamaban a votar. Los mítines de militantes propios, militantes ajenos o simples curiosos. Debates vivos, pero siempre respetuosos.

Los telediarios batían records de audiencia, como cuenta Rafael Ansón en un libro muy reciente que lleva por título «El año mágico de Adolfo Suárez».

Las elecciones las gana Unión de Centro Democrático, quedando en segundo lugar el Partido Socialista Obrero Español. Dos formaciones homologables con los partidos centristas y social-demócratas que habían construido la Europa de la posguerra.

Dos partidos nuevos. Unión de Centro Democrático, en el genuino sentido del término, porque fue creado sólo dos meses antes de las elecciones. El Partido Socialista porque era un partido dirigido por líderes muy jóvenes que poco o nada tienen que ver con el pasado.

Pese a su juventud, los líderes de todos los partidos políticos son conscientes de que no es posible redactar una nueva Constitución sin haber hecho previamente frente a las consecuencias más dolorosas de la crisis económica que España venía arrastrando desde 1973.

Los Pactos de La Moncloa comprometen a todos los partidos parlamentarios, incluidos los comunistas, y a los sindicatos a repartir equitativamente los sacrificios derivados de la crisis entre todas las clases sociales.

La elaboración de la Constitución tampoco hubiese sido posible sin hacer tabla rasa de los delitos políticos cometidos durante el franquismo.

Por eso se aprobó una amnistía tan generosa que permite que, por primera vez en nuestra historia democrática, no haya un solo preso por razones políticas.

Quisiera aprovechar la presencia aquí de los Embajadores europeos para recordar que los españoles contamos con el asesoramiento y apoyo de muchos de los partidos políticos y de las fundaciones de los países a los que representan. Nos ayudaron a recorrer un camino que nunca habíamos transitado y a esquivar muchos obstáculos que hubiesen podido detenernos o atrasar la marcha.

He procurado contarles hasta aquí cómo viví yo la Transición española. Me importa ahora intentar descifrar las claves que la hicieron posible.

La Transición española fue posible en virtud de un principio (el respeto a la legalidad), gracias a un método (el consenso) y, sobre todo, porque todos decidimos evitar la confrontación y establecer la concordia civil.

De la ley a la ley. La Ley para la Reforma Política a la que anteriormente me he referido, apuesta por la adaptación de las instituciones, no por la ruptura del ordenamiento institucional anterior.

Se debate y se vota en las Cortes heredadas del franquismo. Y fue defendida por Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de la Falange, que dijo: «Es necesario pasar de un régimen personal a un régimen de participación, sin rupturas y sin violencias».

La Ley se somete a referéndum popular. Y, en efecto, la inmensa mayoría de los españoles votamos SÍ al proyecto de cambio que la Ley suponía.

Y así se hizo luego todo lo demás: la Ley reguladora del derecho de reunión, la Ley sobre el Derecho de Asociación Política, la Ley de regulación del derecho de asociación sindical, la legalización del Partido Comunista, etc.

El consenso. El cambio político fue posible porque así lo quisimos todos. El deseo de reconciliación, el propósito de anteponer los intereses comunes a los intereses de partido y, finalmente, la voluntad de apelar a la Historia -no para abrir heridas sino para cerrarlas- fueron virtudes compartidas por todas las fuerzas políticas. Los españoles decidimos superar definitivamente la Guerra Civil y abrir un futuro compartido.

La Constitución de 1978, como dijo Enrique Tierno Galván, uno de los líderes socialistas de entonces, «es la primera Constitución europea que se manifiesta como un conjunto coherente y articulado de concesiones. Estas concesiones que unos nos hemos hecho a los otros no son debilidades, son generosidades; generosidades que sólo pueden tener un motivo para todos: el deseo de que la democracia siga adelante, que la Nación recobre la estabilidad, que se coloque en una situación fructífera generalizada para todos sus miembros, y que no volvamos de ninguna manera a los males del pasado».

Un mandato social: establecer la concordia. Cuando hablo de un mandato social, quiero expresar una realidad que era muy poderosa en aquellos años: la sociedad civil toma la palabra prometida por el Rey y Suárez, y se convierte en actor principal de la Transición, trasladando en todo momento su deseo de concordia.

Es decir, la actitud aperturista y el reconocimiento por el gobierno del papel de la sociedad civil como interlocutor se ven premiados por una respuesta generalizada a favor del acuerdo, la reconciliación y la concordia.

Lo sintetizó muy elocuentemente Adolfo Suárez, en 1976, al decir:

«Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación».

En 1978, apenas tres años después de la muerte de Franco, en España se legalizaron los partidos políticos. Se establecieron la plena libertad sindical y de prensa. Se celebraron elecciones libres, generales y municipales. Se negociaron y firmaron los Pactos de La Moncloa. Y se eligió un parlamento que elaboró una nueva Constitución.

Los líderes políticos buscaron el bien común. Renunciaron los que tenían la mayoría a imponer a la minoría una Constitución partidista. Quisimos hacer una Constitución para todos. Escogimos de la memoria y de la historia aquello que favorecía la integración, no lo que dividía a la sociedad. No quisimos convertir el parlamento en el lugar donde se debatía la historia.

El siguiente texto de la filósofa Adela Cortina expone muy acertadamente cómo es posible replicar esa tarea en cualquier punto de nuestro mundo global:

«Todos los códigos morales realmente vivos consideran que es injusto que las gentes mueran de hambre o de sed, cuando hay medios más que suficientes para que todos vivan con dignidad. Que es injusto que algunos carezcan de vivienda, que no tengan atención sanitaria, que no reciban una educación de calidad, que queden abandonados cuando ya son ancianos o están enfermos. Que es injusto que una persona no pueda expresarse libremente, asociarse con quien lo desee, desplazarse por un territorio, que nadie le defienda si es acusado. Que es injusto que unos hombres hagan esclavos a otros, que unas personas sean consideradas inferiores a otras por su religión, por su sexo o por su raza. Que son injustos la violencia del maltrato, los castigos físicos, la tortura y el terrorismo».

Naturalmente, la construcción de una ética cívica tiene grandes dificultades. La tentación de monopolizarla o de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande. Y lo es tanto por parte del Estado como por parte de todos los grupos que creen tener algo que ofertar.

Es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza, es muy difícil darse cuenta de que otros puedan tener un punto de vista distinto, del que se puede aprender y con el que hay que convivir.

Termino.

La perspectiva histórica que me da haber vivido el franquismo, haber participado activamente en la Transición y haber visto en lo que se ha convertido mi país en estos ya casi cuarenta años de democracia, me permite afirmar que, a pesar de las dificultades que hemos pasado, el esfuerzo ha merecido la pena.

Como dice Julián Marías con acierto:

«Los españoles no estamos de acuerdo –gracias a Dios-. Ningún pueblo lo está. El desacuerdo es inevitable y maravilloso, siempre que no roce la concordia, la decisión inquebrantable de no romper la convivencia».

Muchas gracias