Debate ético

La corrupción constituyente

España está entre los países europeos peor dotados para que el automatismo de la corrupción política pueda ser interferido con solidez

La corrupción constituyente
Por Gabriel Albiac - Actualizado: Guardado en: España

«Con las mismas letras se componen una tragedia y una comedia». Puede ser el más asombroso de los textos de Aristóteles. Y es, sin duda, el que nos suena más cercano. Acerca de la generación y la corrupción es un tratado de los seres vivos: o sea, de los seres que mueren. Sólo no muere lo muerto, desarrolla allí el filósofo. Llamamos vida al decurso determinado de las formas de ser que en el curso del tiempo se corrompen, se descomponen, pierden la transitoria solidez de su estructura.

Acotando esa fuga de descomposición, somos hombres y hombres libres: animales en consciente lucha con lo efímero que los horada. Si algún contenido tienen ética y política, en ese combate debemos edificarlo. Sabiendo que el monstruo estará siempre allí, que la corrupción va en el destino paradójico de lo humano, que bastará un descuido o una debilidad para que pueda tomar de nuevo nuestras vidas en sus manos, que no hay victoria irreversible sobre ella… Y resistir al cansancio y seguirla combatiendo. Bajo todas sus máscaras.

Con las mismas letras se componen democracia y corrupción. Que no hablan lenguas ajenas. La descomposición acecha siempre a los sistemas democráticos, al modo en que dice Aristóteles que muerte y corrupción son parte de la vida. Y, aun en sus enfermedades más mortales, la democracia es el más vivo de los modelos políticos. O el menos fósil. También, el más vulnerable. Por eso, sus primeros teóricos modernos, en el siglo XVII, hacían tan expresa su angustia ante lo fácil que es darle muerte. Y su amargura ante la blindada estabilidad de las tiranías. La libertad es tan exaltadora cuanto arriesgada. Los despotismos asientan su control completo sobre la supresión de cualquier autonomía individual. Frente a eso, la libertad abre a un mundo en el cual nada está decidido: lo mejor y lo peor son entonces posibles.

A ese riesgo buscaba, en 1748, hacer frente la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición: «es necesario que por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». El Estado moderno es un máquina de acumular poder sin precedente. La independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al fragmentar esa máquina, permite al ciudadano sobrevivir en los intersticios que el conflicto de poderes permite salvaguardar. El poder legislativo que produce leyes y normas, el poder ejecutivo que gobierna conforme a lo que la ley dicta y el poder judicial que controla que los otros dos queden sometidos a las leyes, configuran el juego de tensiones sin el cual el ciudadano quedaría laminado por la arbitrariedad de una máquina de dimensiones colosales.

Si la división, autonomía y contraposición de poderes es la condición previa a cualquier constitución democrática, ello deriva, no de «consenso» alguno -el consenso o consentimiento es una categoría de Ancien Régime-. La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto. No hay más garantía, frente a eso, que el juego de conflictos entre poderes que se vigilen los unos a los otros. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 dará a ese principio su forma constitucional canónica: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee constitución».

En España, la ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 acabó con tal principio de división y autonomía, que el texto de 1978 afirmaba aún formalmente. Y el gobierno de los jueces pasó a ser equitativamente repartido entre los partidos parlamentarios. Lo que es lo mismo, a ser la extensión judicial de ellos. De ese modo, el poder judicial, de cuya independencia podían temer los partidos un control que los ajustase -como a todo ciudadano- a ley, quedó irreversiblemente quebrado. Y la puerta de la corrupción impune fue abierta.

La coartada inicial de tal blindaje frente al control judicial buscó justificarse sobre la fragilidad de los partidos en una sociedad recién salida de la dictadura. Y sobre la necesidad de no imponer controles excesivos a sus procedimientos de financiación. Pero la contigüidad de eso con el delito iba a quedar manifiesta muy pronto.

La propia Constitución encomendaba la gestión del suelo a las autoridades municipales. De inmediato se vio por qué. La recalificación de terrenos movía beneficios literalmente indescriptibles. Los constructores entendieron enseguida que la prosperidad de sus negocios dependía de la benevolencia con que las autoridades locales operaran. Lo a cambio de ello pagado, era de sobra rentable. Lo recibido indujo una súbita euforia en las cuentas de los partidos. Al cabo de muy pocos años, el primer escalón de esos partidos era propiedad privada de las grandes empresas inmobiliarias.

Las Cajas de Ahorros se convirtieron simultáneamente en los bancos privados de partidos y, por extensión, sindicatos. Poseían todas las atribuciones de cualquier entidad financiera. Pero su dirección no se ajustaba a criterio de accionistas y propietarios. Sus consejos fueron la madriguera de cargos directamente designados por los partidos: por todos los representados en las instancias autonómicas concernidas. Y operaron al servicio exclusivo de los intereses de esos partidos. Ningún criterio de rentabilidad financiera regía sus actuaciones. Y sí dos diferenciadas funciones políticas: garantizar las finanzas partidarias y asegurar, en la medida de lo posible, la satisfacción de las clientelas electorales. Las tarjetas «invisibles» de los consejeros de Bankia son la dimensión más grotesca, y en lo personal más envilecedora, de esa estafa. Consagraban la impunidad de hombres de partido y de sindicato a la hora de no rendir cuentas ni a Hacienda ni a nadie de sus abusos. Pero la verdadera estafa, la corrupción a escala mastodóntica está en el sistema de créditos y ayudas, políticamente orientados, que ha sido su función durante estas más ya de tres decenios. Y es altamente poco probable que lleguemos a conocer nunca con exactitud esas cifras.

Puede que, en un primer momento, quienes pusieron en pie el entramado financiero que acabó por tragarse cualquier sombra de política o ideología soñasen que aquello iba a quedarse en saqueo al solo beneficio de las arcas del partido o del sindicato; y que, como tal, se trataría de un bandolerismo benevolente. Pero se hace duro creer que nadie con una cabeza medianamente adulta pudiera pensar que aquellos que movían beneficios negros de cientos de millones no se llevasen su merecida parte personal en el negocio. La utilización de la política como fuente de ingresos, en diversas tonalidades negras, no fue nunca una excepción ni una onerosa irregularidad de específicos sinvergüenzas con nombres y apellidos. Que los hubo, pero que son en esta historia sólo anécdota. La corrupción en España fue una potencia constituyente. Porque alzó el pilar financiero de un Estado parasitado por esa oligarquía de partidos políticos que ante ninguna ley, que ante ningún control efectivo, tenían por qué rendir cuentas.

La reduplicación de las administraciones hacía esa maraña financiera aún más inextricable. Las comunidades autónomas han funcionado como simulacros de Estado en los cuales las prácticas de impunidad y saqueo podían ser multiplicadas al infinito.

El caso andaluz es casi una caricatura. Versión modernizada del viejo caciquismo, en la cual la distribución benévola de subvenciones sin otra función que la de garantizar la servidumbre de un voto literalmente esclavo, ha servido para encubrir el saqueo brutal que hace posible un gobierno monolítico de casi cuarenta años. Una Sicilia a gran escala, en la cual no existe otra garantía de supervivencia que el carnet de partido, estanca a buena parte del sur español en un anacronismo económico para el cual no parece, hoy por hoy, haber salida.

Cataluña ha dado en ser el coto privado de quienes supieron hacer de las mitologías localistas lo que hace siempre ese tipo de farsantes: un metódico saqueo en nombre de la patria maltratada, que hasta se le fue de la lengua a Maragall en sus años de presidente. Y la fuga adelante, si los jueces apuntan a la cabeza de esa tela de araña que lo invadió todo, ofrece pocas dudas en cuanto a su desarrollo: mejor ruina e independencia que devolución de todo lo robado. Lo que se juega tras la solemnidad de las proclamas de los continuadores de Pujol en sus diversas ramas es el miedo cerval a rendir cuentas y acabar en la cárcel.

La corrupción fue un negocio fantástico. Para los partidos políticos. Y para un buen puñado de sus más altos miembros. Beneficios inmensos y riesgo nulo. Pero también en esas cosas conviene ser algo cauto, guardar cierto sentido de la medida. Y no exhibir el robo como aquí se ha exhibido. Fueron demasiado lejos. Todos. Pero eso pasa siempre cuando la impunidad prima. El robo fue tomando tales dimensiones, prescindió hasta tal punto de cualquier disimulo, que hasta el más resignado ciudadano acabó por percibirlo como la mofa sangrienta de una casta aparte. No es la primera vez que estalla ese brutal desafecto de la ciudadanía hacia aquellos en quienes supuso poder delegar el rumbo de su destino razonablemente. Y el desafecto acaba ahora inexorablemente en cólera. Y la cólera acabará por llevarse todo por delante. La tentación populista está a la puerta: como un cálido consuelo sentimental para los hartos. Sucedáneo escénico de la fría racionalidad política, de la cual sólo vino corrupción y ruina. Y esa tentación populista sólo puede traer lo pésimo.

La Europa de entreguerras sabe de ello en su forma más dramática. Y de ello sabe -en versión tragicómica- la Italia que vio, entre 1992 y 1994 volatilizarse en el aire a los dos partidos que, durante medio siglo, tuvieron el práctico monopolio del parlamento italiano. Partido Comunista y Democracia Cristiana se extinguieron. De la noche a la mañana. Puede que esto que está viniendo aquí no sea tan distinto. Como nada distinto hay entre el populismo que allí los sucedió y el populismo que aquí aguarda recoger su herencia: televisión más demagogia. Y un completo desprecio por la racionalidad política. La ruina que vendrá de eso ofrece pocas dudas. Pero, ¡vaya usted a hablarle de racionalidad económica y de ruina al ciudadano terminalmente cabreado! El ciudadano terminalmente cabreado sólo quiere venganza. Y está bastante en su derecho. Aunque de esa venganza acabe por venirle a él mismo lo peor de todo.

En los meses más duros del Gran Terror del año 1794, Robespierre formulará su tesis extrema. Una Constitución, dice, sólo puede erigirse o sobre la corrupción o sobre el terror, no hay otro fundamento sólido del Estado moderno. Frente al rival modelo inglés, que ha dispuesto de los recursos económicos precisos para comprarse entero el lote del Viejo Régimen y hacer de él ornamento funcional del Nuevo, él va a apostar por el segundo. Y por la muerte.

Lo más definitorio de la democracia moderna es el estar genéticamente vinculada a la corrupción, desde su origen mismo: la representación de los muchísimos por los muy pocos; y la delegación en los casi ninguno del mayor cúmulo de dinero que haya administrado jamás institución conocida, el que recauda una relojería impositiva que no tiene precedente aproximado en la historia. La Hacienda Pública, joya de la corona del Estado moderno, es el perecedero barro del cual está cocida su esencial aptitud para ser corrupto. Mejor eso, desde luego, que asesino. O menos malo. Pero toda democracia con un curso lo suficientemente largo sabe hasta qué punto no obstaculizar ese automatismo, mediante las codificadas trabas que un poder judicial autónomo regule, es adentrarse en la pendiente del suicidio.

De entre los países europeos en diverso grado democrático, España está entre los peor dotados para que el automatismo de la corrupción política pueda ser sólidamente interferido. Está la ley que corrompió -o sea, descompuso- la independencia del poder judicial en 1985. Estaba, desde la Constitución misma, el artículo que ponía bajo exclusiva tutela municipal la recalificación del suelo, y que ha sido el primer y más estable foco de soborno en la política española, sin distinción de partidos. Están las Autonomías, está la devastación del tejido social que hace que aquí, ninguna forma organizativa que no sea la de los partidos sobreviva al aniquilamiento. Todo en España se ha codificado para que la corrupción funcione con precisión automática de reloj suizo. Y sea indispensable para la supervivencia del sistema.

¿Qué porcentaje del dinero que bancos y cajas prestan a partidos y sindicatos es jamás devuelto? ¿Qué cifras puso el ladrillo a disposición indistinta de todos los partidos? ¿Cómo hacer que el contribuyente sepa, al menos, la cifra aproximada de cuanto le fue robado? ¿Hasta dónde va a seguir la ficción? -Hasta donde Aristóteles sabe que sigue siempre: «Con las mismas letras se compone una tragedia o una comedia». Peor aún, una farsa. Y puede que esté en puertas.

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