El presidente de la Diputación de León sale de su despacho tras ser detenido - mauricio peña
Operación Púnica

La macrorredada contra la corrupción desborda los calabozos de la Guardia Civil

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Uno de los problemas con los que se han encontrado los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es la distribución de los 34 detenidos en la operación Púnica por los distintos calabozos hasta su puesta a disposición judicial. Según las fuentes consultadas, los arrestados han tenido que ser distribuidos por distintas instalaciones y, por ejemplo, el exnúmero 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, está recluido en un calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas, mientras que el presidente de la Diputación de León, Marcos Martín, pasó su primera noche en la Comandancia de Madrid, que tiene su sede en Tres Cantos. En ambas instalaciones se encuentran además otros implicados, mientras que el resto se reparte entre los cuarteles más importantes de la Comunidad.

A lo largo del día de hoy los detenidos serán interrogados por los agentes y a partir de mañana pasarán poco a poco a disposición judicial. Hay que destacar en este punto que las arrestos han sido ordenados por la Guardia Civil, de modo que el juez Eloy Velasco podría decidir en su momento una prórroga de la detención en dependencias policiales si no da tiempo a que sean puestos a disposición judicial en las primeras 72 horas.

Se evita así el problema surgido con la operación Emperador contra la mafia china, en la que fue el juez Fernando Andreu quien firmó las órdenes de arresto. Al no darle tiempo a tomar declaración a todos los detenidos en el plazo ya citado, decidió ampliarlo. Pasados algunos días, la Sala le obligó a poner en libertad a varios de los cabecillas de la trama por saltarse el plazo máximo de detención judicial.

La puesta a disposición judicial de los detenidos en la macrorredada contra la corrupción se hará a partir de mañana, miércoles, de forma paulatina para no colapsar los calabozos de la Audiencia Nacional. Lo habitual es que primero sean interrogados aquellos que tienen una menor participación en los hechos y se deje para el final a los principales implicados en la trama, en este caso los empresarios «conseguidores» David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca y el exnúmero 2 del PP de Madrid Francisco Granados, que también facilitaba los contactos con los políticos.