Mas intenta a la desesperada condicionar la agenda de Rajoy

«Lo que piensa Mas solo lo sabe el propio Mas», repiten los dirigentes nacionalistas cuando se avecinan decisiones claves de su mandato. La firma del decreto de convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre es una de ellas. Tras la aprobación de la ley de consultas populares en el Parlamento catalán el pasado viernes, nada impedía redactar ese decreto de forma inminente. Pero, al cierre de esta edición, el líder de CiU no había dado todavía luz verde a esa resolución gubernamental, entre otras cosas porque la ley no está en vigor al no haber sido publicada aún en el Diario Oficial de la Generalitat. Hay quien ha visto en esa demora una estrategia calculada de los nacionalistas para «despistar» al Gobierno español.

Pero las cosas son mucho más prosaicas cuando se sale del terreno de la soflama y la consigna identitaria y se entra en el de las consecuencias jurídicas, pues no importa el día que Mas elija para firmar el decreto (hoy podría ser un buen día, ya que los martes tiene lugar la reunión semanal del Gobierno catalán), pues el viaje del presidente Mariano Rajoy a China ni impide que, en su lugar, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, firme los recursos correspondientes ante el Tribunal Constitucional (TC). Tampoco tienen por qué tramitarse de forma automática.

El tiempo corre en contra de Mas, no del Gobierno español. Y lo único que gana el presidente catalán con estas horas de prórroga es que aumente la lista de ayuntamientos que someten la ley de consultas y el referendo del 9 de noviembre a votación, vía mociones. La estrategia municipal es parecida a la utilizada a nivel social: buscar apoyos presuntamente espontáneos que carguen de razones al presidente. Y si antes fue la Asamblea Nacional Catalana la encargada de recabar adeptos al proyecto secesionista de Mas organizando concentraciones en la Diada, ahora es la Asociación de Municipios de Cataluña la que se ocupa de promover ese respaldo en los ayuntamientos.

No obstante, la firma del decreto se presume inminente y anterior a la comparecencia del expresidente Jordi Pujol en el Parlamento catalán prevista para el próximo viernes. De coincidir ambas cosas, Artur Mas conseguiría una cierta distracción mediática, pero las consecuencias jurídicas serían las mismas. El recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional es inexorable.

«Mas se equivoca si cree que puede jugar con el calendario y agenda para perjudicar al presidente Mariano Rajoy», dijo la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien añadió que «los mecanismos de democracia actuarán rápidamente para impedir el referéndum ilegal, se convoque cuando se convoque».