La Fiscalía asegura que nada apunta a la «pronta disolución» de ETA

Esta disminución, señala el texto, viene marcada por la ausencia de atentados terroristas (los últimos fueron en 2009, dos de el) imputables a la estructura militar de la organización terrorista, el descenso de la violencia callejera y de la actividad delictiva del entorno de ETA.

La Fiscalía asegura que la línea de actuación de la banda terrorista viene marcada ahora por la pretensión de perpetuarse como un agente más que participe en el «proceso de liberación». El cese de la actividad armada de ETA, dice, no ha supuesto un cambio en su «objetivo estratégico», que continúa siendo «la independencia y el socialismo». También se ha constado la ausencia de actitudes de arrepentimiento o petición de perdón a las víctimas» por los atentados cometidos. La Memoria se hace eco también de que ETA ha reducido su estructura militar pero «ha potenciado la política y la de comunicación». Además, la estructura de la falsificación sigue siendo «muy eficaz», dice.

Especialmente duro es el Ministerio Público cuando alude a la escenificación de la entrega de armas de ETA, «un singular y esperpéntico episodio que refleja la inoperancia y la inutilidad de los llamados «verificadores internacionales». Tras comparecer a finales de febrero en uin hotel de Bilbao y mostrar un vídeo sobre una supuesta entrega y sellado de armas, con presencia de dos verificadores, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas y se les tomó declaración como testigos. Se acreditó, dice la Fiscalía, que la llamada entrega de armas «no era más que una maniobra publicitaria de la organización terrorista y que las citadas armas habían quedado en su poder».

En 2013 se dictaron 55 sentencias por terrorismo (9 menos que el año anterior: 48 lo fueron respecto a ETA y su entorno; dos respecto al terrorismo radical de origen gallego, cuatro de terrorismo yihadista una del Grapo.

De los 103 acusados juzgados, 93 lo fueron por su relación con ETA. El resto por los distintos tipos de terrorismo. El número total de condenados fue de 62: 53 de ETA y su entorno, uno del grapo, cuiatro por terrorismo de origen islamista y otros cuatro por el radical independentista.