La Asamblea Nacional Catalana admite el ingreso sin justificar de 1,5 millones

Según las cuentas de la propia asociación, sus ingresos se basan principalmente en donaciones, aportaciones y venta de productos de «merchandising» independentista. En el capítulo de donaciones, en su primer año de existencia, 2012, declararon unos pocos miles de euros. Un año después, en 2013, el desafío independentista del presidente de la Generalitat Artur Mas propició que el crecimiento fuera exponencial: se elevó hasta el millón setecientos mil euros. El capítulo de «merchandising» no se queda corto. La oferta de bufandas, gorras, camisetas, bolígrafos y todo tipo de objetos vinculados a una Cataluña independiente es ingente en todos y cada uno de los actos organizados por ANC: la Diada de 2013, el concierto de la libertad, la marcha, etc.

Sin embargo, el enorme crecimiento en los ingresos no se vio acompañado de una estructura de tesorería acorde, lo que ha propiciado que la ANC haya podido incurrir en un delito fiscal al desconocerse el origen de parte de sus fondos. Todo ello agravado -como reconocen en numerosas ocasiones los asistentes a esas reuniones- por el descontrol generalizado en las cuentas de las asociaciones territoriales.

De las actas de los debates mantenidos en esas reuniones se deducen tres conclusiones: la constatación de que su contabilidad ha sido defectuosa al menos hasta mediados de 2013, lo que generó unos ingresos sin justificar de 1,5 millones de euros; el temor a que Hacienda detectara el fraude si las cuentas de 2013 se cerraban sin atribuir esos ingresos a algo o a alguien; y su interés por encontrar el método -legal o ilegal- para ocultar las irregularidades.

Los miembros de la ANC fueron conscientes de la posibilidad de defraudar a Hacienda en las reuniones del Secretariado Nacional celebradas a primeros de 2014, en las que se abordó el cierre de las cuentas del año 2013. Si no se justificaba ese millón y medio de euros, los resultados no podrían ser aprobados y, además, se podría estar incurriendo en un delito fiscal.

Así lo expresó uno de los asistentes, Carles Valls, a la reunión del 1 de abril del 2014: «Hay que tener claro que si no podemos justificar estamos en situación de posible delito fiscal. ¡Estamos hablando de 1’5 millones!». Y añade: «Puedo dar por buenos los números si el tesorero se compromete a justificarlos».

El tesorero, Oriol Sallas -que asumió el cargo en sustitución de Lorrenç Sotorres en junio de 2013- aseguró en una reunión del Secretariado Nacional que tuvo lugar el 15 de febrero de 2014 que la contabilidad que llevaba su antecesor no era correcta: «Respecto a la anterior gestión, en el traspaso con Llorenç Sotorras, éste reconoció que exclusivamente se dedicaba a llevar la contabilidad de la ANC central. Ahora ha reconocido que no se hacía bien». Ya en ese encuentro, en el debate entre los asistentes se habla de la «opacidad», los «defectos de forma» o del «problema» del IVA...

Un mes después, el 15 de marzo, Valls cuestionó de nuevo el sistema para contabilizar ingresos provenientes de las asambleas territoriales y la cantidad devengada por los ingresos de IVA pagado, por lo que solicitó la contratación de una auditoría externa. Ante sus peticiones, se decidió convocar a una comisión de expertos para tratar de resolver el problema.

Dos semanas más adelante, en una nueva reunión celebrada el 1 de abril, uno de los puntos en el orden del día es, precisamente, la presentación del acuerdo entre los expertos económicos por el cierre de las cuentas 2013. El tesorero Sallas revela la principal recomendación de los citados expertos para sortear el delito fiscal : «Cambiar el concepto de "donaciones" por el de "aportaciones"». También les sugirieron que no incluyeran el concepto "ventas", porque «si no estábamos reconociendo que vendíamos y había que cambiar el sistema fiscal».

En definitiva, se trata de esquivar el delito fiscal con el fin de justificar ese millón y medio de euros. El motivo lo expresó, una vez más, Valls: «El problema gordo es que se deben justificar 1,5 millones porque lo dice la ley y por ahí es por donde nos pueden pegar».