La crisis deja miles de embarcaciones abandonadas en los puertos

«El abandono de embarcaciones es uno de los grandes problemas que tenemos las instalaciones náuticas españolas y es necesario regular su gestión, tratamiento y eliminación», ha explicado el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT), Gabriel de Sandoval Sarrias. La organización trabaja conjuntamente con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) para dar solución a esta situación.

Según De Sandoval Sarrias, la crisis ha provocando que muchos armadores hayan descuidado el mantenimiento de sus embarcaciones «hasta llegar al abandono». La existencia de embarcaciones abandonadas en las zonas de servicio de los puertos supone un riesgo para la seguridad de la navegación y el medio ambiente, así como un incremento del riesgo de hundimiento de la nave y un desaprovechamiento de la gestión del dominio púbico.

Según las cifras que maneja, en los puertos deportivos españoles permanecen abandonadas unas 4.500 embarcaciones de más de 4,5 metros de eslora, cifra que se eleva a entre 10.000 y 12.000 naves si se tienen en cuenta naves de menor tamaño (como tenders, dinghies o embarcaciones de vela ligera). En los próximos años, una parte importante de la flota superará los 25 años de antigüedad, «edad» que en la mayoría de modelos coincide con el fin de su vida útil.

Esto implica que cada ejercicio se incorporarán entre 750 u 1.000 unidades al censo de embarcaciones fuera de uso, ha alertado De Sandoval, quien ha apuntado que, según sus estimaciones, a finales de 2014 unas 13.000 embarcaciones ubicadas en puertos, varaderos, talleres y naves de pupilaje habrán llegado al final de su vida útil.

Ante esta situación, el sector reclama una regulación que permita a los gestores de la náutica deportiva impulsar los procesos de abandono de embarcaciones deportivas y su posterior desguace. En este sentido, la Ley de Navegación Marítima recientemente aprobada por el Parlamento, ha recogido en parte sus reivindicaciones, aunque no han logrado que se apruebe el procedimiento de subasta notarial.

Sin embargo, en su disposición adicional undécima establece que en el plazo de seis meses el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para regular el abandono de bienes muebles y los procedimientos de venta, subasta notarial, electrónica y enajenación de los mismos.