El Gobierno incorporará los apuntes del Consejo de Estado sobre la ley de seguridad

Martínez ha señalado que el dictamen del Consejo de Estado, que respalda prácticamente la totalidad del anteproyecto, tiene un carácter «estrictamente» consultivo, y que será tenido en cuenta para «mejorar» la ley, al igual que, ha dicho, los emitidos por el resto de organismos que han sido consultados, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial.

«Todo con el ánimo de que el texto incorpore cuantos más aportaciones mejor, que garantice su acierto y su constitucionalidad, pero también que esté al mejor nivel en lo que se refiere a garantías y la adecuada regulación de las diligencias de intervención policial», ha indicado.

En este punto, preguntado, en concreto, por el aval del Consejo de Estado a las retenciones preventivas si éstas no duran más de seis horas, el secretario de Estado ha explicado que este organismo «ha establecido una serie de observaciones «constructivas». De este modo, ha sostenido que «todo lo que sean garantías que se introducen en las diligencias de intervención policial es bueno y saludable». Así, ha destacado que éste es el aspecto «más importante que se quería mejorar» del texto legal de 1992.

Sobre este asunto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado este martes su intención de que la Ley de Seguridad Ciudadana llegue al Congreso de los Diputados el presente mes de julio —«ésa es mi voluntad», ha dicho— porque, pese a las críticas que la mayor parte de la oposición ha vertido contra su propuesta, no piensa retirarla.

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad, preguntado sobre el tratamiento que se dará a la prostitución en la futura norma, otro de los aspectos a los que se refería el Consejo de Estado en su dictamen, ha señalado que estas aportaciones también serán «incorporadas y asumidas».

Según ha precisado, la ley «no tiene que entrar en el debate, muy complejo, sobre la prostitución», pero sí en «el hecho de que estos servicios no se ofrezcan en zonas frecuentadas por menores».

Así, ha defendido que hay muchas ciudades de España en las que estas situaciones se han producido «de manera dramática», lo que «ha generado la reacción de muchas asociaciones». Se trata, según ha afirmado, de «conseguir el objetivo de que el binomio de prostitución y menores no caiga siempre en perjuicio de los menores, sino que sea a ellos a quienes se proteja».