encuesta de gad3 para abc

La mayoría prefiere una ley del aborto de supuestos frente a la de plazos

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El debate abierto por el Gobierno al aprobar el proyecto de ley de Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada divide a la sociedad española, pero se puede concluir que la mitad se identifica con la tesis del Ejecutivo de tener en cuenta tanto los derechos de la mujer como los del no nacido. En concreto, un 50,2% prefiere la «búsqueda del equilibrio» y la vuelta al criterio de supuestos excepcionales que aprobó el PSOE de Felipe González, frente al 38,8% que se inclina por la actual ley de plazos, impulsada por el Ejecutivo de Zapatero en 2010, que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo. De forma que la encuesta elaborada por GAD3 para ABC no ratifica la idea expresada por los partidarios de la norma en vigor de que la mayoría prefiere que no haya cambios legislativos.

Sin embargo, la opinión de los españoles se compadece poco con la cerrada defensa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, promotor del proyecto, de no contemplar la malformación congénita del feto como supuesto para permitir el aborto. Este es precisamente el punto, sí incluido en la ley de socialista de 1985, que ha provocado también una cerrada oposición de un amplio sector del propio Gobierno y del Partido Popular, lo que podría ser definitivo para una modificación del proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria. La conclusión de la encuesta es que la mayoría de los españoles se identificarían más con la norma que estuvo vigente en España durante 25 años que con la que está ahora en vigor, también socialista. Pero, si el Gobierno atendiera lo que reclama la mayoría, incluiría entre los supuestos el de la malformación del feto. Tomada la encuesta en su conjunto, la opinión de los españoles refleja que se trata de un asunto de la máxima complejidad. De modo que pretende compatibilizar una mayoritaria limitación a la interrupción del embarazo con un rechazo (claramente más amplio, del 72,8%) a que se castigue por ley a quien aborte. De hecho, solo un 17,6% de las personas consultadas son partidarias de que la norma establezca medidas coercitivas. Se podría afirmar, además, que los españoles muestran un alto grado de comprensión con el personal médico que se niega a practicar el aborto por razones de conciencia. Un porcentaje ligeramente por encima del anterior, del 69,4%, avala esta afirmación. Cuando se plantean contenidos de la ley actual, otro punto en el que los españoles se muestran poco indiferentes es el de la no obligatoriedad de las menores de contar con el permiso paterno para poder abortar. Con una censura muy amplia, del 85,7%, los españoles se muestran partidarios de que la reforma del Gobierno corrija lo que consideran un exceso.

En líneas generales, de la encuesta elaborada por GAD3 se deduce que existe un amplio desconocimiento en los españoles de cómo se comporta su propia sociedad, por ejemplo en el escaso número (dos de cada diez españoles) que conoce que cada año se producen más de 100.000 abortos en España. Sin embargo, casi tres cuartas partes de los consultados se refieren a este hecho como un signo de que «algo se está haciendo mal», frente a la minoritaria opción de que «es un signo de progreso y normalidad».

Apoyo a la maternidad

Pese a esa carencia de información, hay un dato añadido que vuelve a confirmar la diversidad de opiniones con la que los españoles abordan la cuestión: más de la mitad, casi un 55%, descartan que se trate de una cuestión relacionada con la religión, mientras que algo más del 35% creen que es así.

A pesar de la división de opiniones sobre el tipo de legislación para abordar la interrupción del embarazo, el concepto del apoyo a la maternidad recibe un respaldo más nítido. Seis de cada diez españoles se muestran favorables a que el nuevo texto legal contemple medidas concretas, una continua demanda de los defensores del derecho a la vida y que combaten la vigente ley de plazos que se pretende reformar. De hecho, para casi el 70% de los españoles es un hecho que las administraciones públicas no apoyan suficientemente la maternidad en nuestro país, frente a tan solo un 15% que se muestran satisfechos con la situación actual.

Cuando se plantea el grado de acuerdo con una serie de medidas concretas, casi todas cuentan con el respaldo de algo más de la mitad de los encuestados: fomentar la conciliación de la vida laboral y la familiar (56,4%), potenciar programas de apoyo a las mujeres embarazadas (55,4%), mejorar la información y la educación sexual y reproductiva (54%), ampliar la información para que se conozcan otras alternativas además del aborto, planes para que las embarazadas con problemas no se sientan solas (51,2%) y facilitar los procesos de adopción o acogida (49,7%).