El caso Invercaria acumula ya treinta imputados por malversación de caudales

El juez Gutiérrez Casillas no para, y de momento sin ningún refuerzo. Ahora tiene en su despacho otras nueve diligencias abiertas sobre el uso indebido de las transferencias a otras tantas empresas públicas de la Junta de Andalucía.

Encima de la mesa tiene el último de los cuatro atestados policiales que, por el momento, ha completado la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Udyco, de la Policía Judicial. Es el caso de Juana Martín, la diseñadora cordobesa de trajes de flamenca. Pero en esta pieza, recién abierta, aún no se ha decidido imputación alguna, aunque lo más probable es que, una vez que la Fiscalía Anticorrupción estudie el atestado, solicite llamar a declarar a las cinco personas investigadas por la Policía.

Sin contar a esos cinco investigados, las otras tres piezas del sumario acumulan ya 28 imputados de FIVA, Andalus y Fumapa, empresas a las que Invercaria inyectó importantes cantidades de dinero y en las que la Policía ha detectado numerosas irregularidades. El nexo común es la ligereza de la empresa de capital-riesgo a la hora de invertir dinero público. Y, sobre todo, cómo Invercaria enviaba el dinero, muchas veces sin apenas documentación (en algún caso bastaron dos folios manuscritos) para proyectos deficitarios, negligentes o en entidades que ya estaban en la ruina.

El caso apunta directamente al que fuera consejero de Innovación de la Junta y actual diputado en el Congreso, Francisco Vallejo. Aunque el juez rechazó imputar al ex alto cargo como había pedido la acusación particular del PP, la mano de este político estaba detrás de muchas de las inversiones de Invercaria. El juez, que ha estado estudiando la numerosa documentación de la Policía, retomará las declaraciones en unos días. Este mes tiene una intensa agenda que llevará a su despacho a toda la cúpula de Invercaria, hasta ahora imputada en las piezas de las tres empresas y que podría volver a serlo por la siguiente, la de Juana Martín.

Y también pasarán por el despacho del juez Gutiérrez Casillas varios empresarios, además del exdirector de IDEA, Jacinto Cañete. Sin embargo, la instrucción no ha hecho más que empezar. Detrás de esos atestados llegarán otros. Entre ellos, el de EDM.

Pero también figuran en el listado de las empresas que están en el punto de mira otras firmas, con nombres tan peculiares como «El Pescador de Estrellas» o «Lolita Canalla». Una investigación judicial que, está claro, dará nuevos quebraderos de cabeza a la Junta de Andalucía, además de los que le sigue provocando el escándalo de los ERE.