última sesión del año
Jueves de «síes» en el Congreso: adelante la Ley Eléctrica, la de Cajas y reforma local
Es definitivo: se devolverá un «moscoso» a los funcionarios de los que perdieron en 2012
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en su última sesión del año, la Ley de Control de la Deuda Comercial, que persigue erradicar la morosidad de las administraciones públicas y también incluye la devolución a los funcionarios de uno de los días de asuntos propios -los llamados "moscosos"- que se les quitó en 2012, día libre que podrán utilizar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El debate de este jueves se ha centrado en las enmiendas a la norma que se han introducido a su paso por el Senado, entre las que destaca la autorización "excepcional" a las entidades locales que cumplan los límites de deuda para que puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria. Asimismo, se les permite utilizar el remanente de Tesorería a cancelar el resto de obligaciones pendientes con sus proveedores. Con este proyecto de ley, las administraciones autonómicas y locales estarán obligadas a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas. Además, se introduce un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos (pagar en 30 días como máximo) a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación. El proyecto de ley ha recibido el respaldo de PP, UPyD y Foro Asturias (FAC), frente al rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV y la mayor parte del Grupo Mixto, con la excepción de UPN que se ha abstenido.
Reforma local de 8.000 millones
El Pleno del Congreso ha aprobado también definitivamente la reforma local, después de diez meses de tramitación parlamentaria, para poner en marcha una ley que, según el Ejecutivo, permitirá un ahorro a las arcas públicas de 8.000 millones de euros. Se ha dado el visto bueno antes de las vacaciones de Navidad a la ley con la aprobación de las enmiendas introducidas en su paso por el Senado, después de un debate en el que la oposición ha criticado que la reforma no cumple las expectativas de los municipios en financiación, transparencia y cercanía a los ciudadanos.
La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha sido defendida por el portavoz del PP, Antonio Merino , que ha destacado que "la mayoría" de las autonomías y "miles" de ayuntamientos la han apoyado, porque la reforma es "necesaria y urgente". Ha señalado que otorga más garantías al municipalismo; ha negado que reste competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar la colaboración de la diputación para mejorar los servicios, de los que se sabrá su coste efectivo; y respeta los regímenes específicos del mundo local.
En su contra, Gaspar Zarrías, portavoz del PSOE, ha definido el proyecto como "error garrafal", que ayudará a privatizar y desmantelar servicios que son "patrimonio común" de todos, por lo que están "aterrados", y ha recordado que su partido presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ley del Sector Eléctrico: adelante
Otra de las reformas aprobadas que han recibido el plácet de la mayoría del Parlamento es la Ley Eléctrica. El Pleno del Congreso ha aprobado esta regulación del sector que tiene como objetivo acabar con el déficit tarifario a partir del próximo año gracias a un mecanismo automático de actualización de peajes para equilibrar ingresos y costes del sistema. Aunque el debate se ha centrado únicamente en las enmiendas que se han incluido en el texto a su paso por el Senado y que no ha habido una votación conjunta del proyecto, la mayor parte de los partidos de la oposición han expresado sus dudas sobre las posibilidades que estos cambios permitan realmente superar los desfases del sistema eléctrico.
Desde las filas de la oposición, el socialista José Segura ha lamentado que, pese a que el objetivo principal del Ministerio de Industria durante lo que va de legislatura ha sido acabar con el déficit de tarifa, no se conseguirá y ni siquiera está asegurado que el desfase se vaya a limitar a los 3.600 millones de euros en que lo cifra el Gobierno para 2013. Además, ha calificado de "anarquía y caos normativo" lo conseguido con las sucesivas reformas aprobadas en esta legislatura, cuyas consecuencias "acaban pagando los ciudadanos". Además, ha criticado la modificación de los requisitos exigibles para acceder al bono social, del reparto de la carga "entre todos los usuarios" en lugar de entre las empresas como funcionaba hasta ahora, y también la desaparición de la Tarifa del Último Recurso (TUR).
Visto bueno a desligar pensiones de IPC
Ha recibido también el visto bueno la reforma que desvincula las pensiones de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), a pesar de que todos los grupos políticos de la oposición se han opuesto al cambio normativo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. De este modo, desde el año próximo la revalorización de las cuantías de los jubilados no se atendrá a la inflación, sino que se introduce un nuevo factor de revalorización que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once años -cinco previos, el de ejecución y las proyecciones de cinco futuros-. El objetivo de crear este nuevo índice, según el Gobierno, es evitar caídas o incrementos bruscos en las prestaciones por los eventuales cambios en la coyuntura económica. Además, el nuevo sistema incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo que, tras una enmienda de los populares incorporada al proyecto de ley en la Cámara Alta, quedará en el IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno asegura que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y se evitan futuras bajadas o congelaciones de las cuantías. Por otra parte, la reforma de las pensiones incluye también la definición del factor de sostenibilidad, que ya estaba enunciado en la última revisión legislativa de este tema que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Así, a partir del año 2019 la cuantía inicial de la pensión se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida en ese momento, revisándose este dato estadístico una vez en cada lustro para ajustarla. Las enmiendas incorporadas al texto en el Senado incluyen también la decisión de que sea la Autoridad Fiscal Independiente la que deba dar el visto bueno a los valores a partir de los cuales se harán los cálculos para fijar las revalorizaciones anuales de las pensiones y la aplicación del factor de sostenibilidad, y la obligación del Gobierno de presentar un informe quinquenal a las Cortes y a los agentes sociales para testar la suficiencia y adecuación de las pensiones tras la puesta en marcha de la reforma.
El «sí» a la Ley de Cajas y Fundaciones
Por último, aunque no menos importante, el hemiciclo ha dado el «sí» a la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que ahora queda listo para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todas las enmiendas procedentes del Senado han sido aprobadas. La ley aprobada este jueves 19 de diciembre establece que las cajas que ejerzan su actividad mediante un banco o las que tengan una participación en una entidad de al menos un 10 % deberán transformarse en fundaciones bancarias antes de finales de 2014.
Además, la norma, que da cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Memorándum de Entendimiento (mou) de ayuda a la banca acordado con Europa, incluye un nuevo marco jurídico para las cajas, que volverán a su actividad natural, centradas en el negocio minorista y en su ámbito territorial.
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