Anticorrupción pide que Esperanza Aguirre declare en presencia de un secretario judicial

Anticorrupción pide al magistrado que imponga a Aguirre condiciones similares a las establecidas recientemente por el juez instructor del caso Noos, José Castro, para la declaración del expresidente valenciano Francisco Camps .

Según se desprende de un escrito del Ministerio Público, el secretario deberá advertir a Aguirre de su obligación «de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio». Hará después entrega a la expresidenta madrileña de la relación de preguntas «sin que se le permita acceder con anterioridad a las mismas» .

Tendrá que contestarlas todas de una vez, sin interrupciones y en presencia del secretario que deberá vigilar la declaración para que Aguirre «no comunique por vía telefónica o por otro medio con terceros» . «La testigo no podrá consultar documento alguno salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar», indica el escrito. Tras la declaración, el secretario levantará acta reflejando el lugar, día y hora en que se prestó la declaración y «las circunstancias personales de la testigo».

Ruz preguntó la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción si debía establecer alguna condición particular para la declaración de Aguirre , que tendrá que responder a las preguntas que le plantearán las partes personadas en la causa sobre las prácticas del que fuera su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo .

Ruz la citó a declarar el pasado 31 de octubre por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid «durante el tiempo en que se sucedieron los hechos investigados relacionados» con López Viejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó entonces este interrogatorio «en día y hora pendiente de señalamiento» y dio a la testigo la opción de declarar por escrito .

El magistrado concretó que la declaración de Aguirre tiene por objeto «la comprobación de determinados extremos» que forman parte de la instrucción y que, según fuentes jurídicas, apuntalarían la imputación de López Viejo. Al exconsejero madrileño se le atribuye haber recibido «cuantiosos pagos» efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama Gürtel , Francisco Correa, como consecuencia de «la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid».