Pacto PP, UPyD y UPN contra las ayudas del Estado a etarras no arrepentidos

Tras dos días de conversaciones, PP, UPN y UPyD -a iniciativa de este último grupo- han pactado reclamar al Ejecutivo que ponga en marcha las medidas necesarias para «evitar un aprovechamiento indebido» de la asistencia ofrecida por el Estado , en concreto el denominado subsidio de excarcelación, pero también de «otras ayudas públicas» como becas de estudio o ayuda al alquiler de vivienda e incluso un empleo público.

La sorpresa este mediodía la ha dado el PSOE, cuyo diputado Antonio Trevín ha tachado de «inasumible» una iniciativa que, a su juicio, «pretende privar o incautar a una parte de los encarcelados derechos que la ley les reconocen» , junto a lo que ha acusado a las fuerzas políticas que han apoyado dar este paso de estar practicando «una componenda para intentar quedarse con las víctimas».

Argumentos semejantes ha utilizado el parlamentario del PNV Emilio Olabarría y, en nombre de CiU Jordi Jané, que ha subrayado que la Constitución consagra en su artículo 25 los principios de reeducación y reinserción social para recordar que no se pueden negar a nadie. Abundando en la tesis de que los cambios impulsados hoy por UPyD, PP y PNV iría en contra de preceptos legales, Gaspar Llamazares, de IU, ha introducido en su turno la duda sobre si tales modificaciones podrían ser merecedores de «otra colleja» como la que el Tribunal de Estrasburgo ha dado a España tumbando la llamada doctrina Parot.

Requisitos

Los grupos que han apoyado privar a los etarras de ayudas del Estado proponen que sea necesario acreditar «el abandono y el rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la Justicia y el pago de cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil».

También reclaman al Ejecutivo exigir nuevos requisitos para el cobro de estas ayudas a personas condenadas «por delitos especialmente reprobables». En ambos casos, piden mayor vigilancia y coordinación con otras administraciones para que se impida o se sancione la percepción de estas ayudas.

Como ha defendido la líder de UPyD, Rosa Díez, se trata ponerse «en contra de favorecer que se subvierta el Estado de Derecho» y de que quienes lo han utilizado para intentar destruirlo «se aprovechen de él para conseguir sus objetivos».

Desde el PP, la diputada Julieta De Micheo ha recordado que para aquellos terroristas y delincuentes que, tras cumplir sus penas, salen a la calle sin colaborar con la Justicia, ni mostrar arrepentimiento, sin haber reparado la consecuencia de sus actos no cambia «la condena social que pesa sobre ellos y que ningún tribunal podrá nunca resolver».

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