La recaudación de las tasas judiciales es la mitad de la esperada

En un alarde de sinceridad, el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, expuso ayer este panorama (sin dar cifras, eso sí) ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde compareció junto con el secretario de Estado, Fernando Román, para dar cuenta de las partidas presupuestarias destinadas al Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

En respuesta a las preguntas de los distintos portavoces parlamentarios, que reprocharon al Ministerio que las tasas no sufraguen la justicia gratuita en las cantidades esperadas, Bravo aseguró que la gratuidad de la justicia para los más desfavorecidos (apartado al que se destinan 34,1 millones) sigue siendo una prioridad para el Gobierno y anunció que este servicio se va a reforzar en colaboración con las Comunidades Autónomas para «garantizar su sostenibilidad».

¿El huevo o la gallina?

De cualquier forma, Bravo no se aventuró a dar una explicación a esa recaudación «inferior» a la prevista, aunque reconoció que ha podido tener incidencia el descenso de la litigiosidad como consecuencia de la propia crisis económica, sobre todo en solo en el primer jurisdicciones como la contencioso-administrativa, en la que los pleitos han descendido un 23 por ciento imestre del año. Bravo atribuyó esta circunstancia a la puesta en marcha de la ley de medidas de agilización procesal aprobada en 2011 por el entonces gobierno socialista y que carga las costas sobre el recurrente si pierde el pleito. A ello se une que la jurisdicción penal está exenta de tasas y la laboral también a raíz de una sentencia que desdijo al ministerio al asegurar que el trabajador que acusda a los Tribunales tampoco tiene que abonarla. En resumen, el grueso de la recaudación depende de la jurisdicción Civil.