Ruz citará a Billy El Niño y al ex guardia Muñecas, reclamados por Argentina por crímenes franquistas

Fuentes jurídicas han informado de que se ha comunicado al juez la localización en sus domicilios de dos de los cuatro reclamados: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar (de 77 años) y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".

Las fuerzas de seguridad han informado, en cambio, de la defunción de los otros dos, el exescolta de Franco Celso Galván Abascal (fallecido el 3 de agosto de 2009) y el excomisario José Ignacio Giralte (2 de abril de 2007).

La primera gestión que hará ahora el juez , una vez asumido este asunto por turno de guardia, es trasladar a Argentina el fallecimiento de estas dos personas, en espera de que este país reclame la extradición de dos que están vivos.

Contra el criterio de la fiscalía

El juez Ruz ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía. El ministerio público «no ve necesaria» la detención de los cuatro funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el franquismo que han sido requeridos por la juez argentina María Servini para juzgarles por genocidio y crímenes contra la humanidad. En los cuatro escritos idénticos remitidos a la Audiencia Nacional, el fiscal rechaza la detención preventiva «habida cuenta la antigüedad de los hechos».

No obstante, el Ministerio Público pide al juez que abra un expediente, que pida a las autoridades argentinas una petición formal de extradición contra esas cuatro personas y que reclame a aquel país la documentación del caso. Además, recuerda «lo dispuesto» en la Ley de Amnistía de 1977 y pide un «relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar» de la supuesta comisión de esos delitos. En este sentido, el fiscal hace referencia al convenio bilateral sobre extradición y asistencia judicial firmado entre ambos países en 1987.

En el caso de que las autoridades argentinas presenten las solicitudes de extradición y estas pasan el primer filtro del Ministerio de Justicia, se abrirá entonces un proceso en la Audiencia Nacional para decidir si se entrega o no a los reclamados. La última palabra la tendrá el Gobierno.