La Audiencia acredita ya que Resistencia Galega es terrorista

Condena a cuatro cabecillas y resalta la capacidad destructiva de sus artefactos

J. FERNÁNDEZ-MIRANDA / J. PAGOLA

13/09/2013
Actualizado 14/09/2013 a las 11:06h.

Por primera vez, mediante una sentencia, la Audiencia Nacional califica como grupo terrorista a Resistencia Galega (RG), cuyo objetivo es la toma violenta del poder en Galicia para imponer un estado independiente. Agentes operativos subrayan que la resolución judicial tiene una «gran trascendencia» de cara ... al desmantelamiento de esta banda. Hasta ahora, sus atentados eran considerados como actos violentos de baja intensidad de forma que los militantes detenidos recuperaban pronto la libertad y se reincorporaban a la «lucha». Ello ha permitido que el terrorismo inedependentista gallego se haya prolongado en el tiempo, aunque no se ha llegado a consolidar por falta de apoyo popular.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ha puesto coto a este margen de relativa impunidad en el que se ha desenvuelto hasta hace poco Resistencia galega. El excabecilla del «aparato militar», Eduardo Vigo Domínguez, y su «lugarteniente», Roberto Rodríguez Fiallega, han sido condenados a 18 años de prisión por los delitos de participación en organización terrorista, falsificación de documento oficial y tenencia de explosivos. Al mismo tiempo, Antón Santos Pérez y María Osorio López, que fueron responsables de distintos frentes del denominado Movimiento de Liberación Nacional Galego (MLNG), como las juventudes de AMI, han sido condenados a 10 años de cárcel por participación en organización terrorista y falsificación de documentos. El Ministerio Fiscal había solicitado penas entre 12 y 20 años de prisión. Los cuatro fueron detenidos por la Policía Nacional en noviembre de 2011 en una operación que supuso un duro golpe para Resistencia Galega, a la que ahora remata la Audiencia Nacional con su sentencia.

Explosivos para atentar

Una sentencia que considera probado que el 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega mantuvo una cita en un paraje de Pontevedra con Vigo Domínguez para entregarle tres termos metálicos que almacenaban tres artefactos de 2.394,8, 1.744,5 y 1.860,6 gramos de explosivo. Una cantidad suficiente para provocar «desperfectos materiales» y poner «en peligro la vida y la integridad de las personas». Tras ser detenidos entonces, la Policía localizó en el domicilio de Vigo Domínguez una olla a presión con otros 3.200 kilos de explosivo, preparados para atentar. Todos los artefactos, al igual que otros utilizados en diferentes atentados cometidos por RG, son muy similares, lo que confirma que fueron elaborados por «la misma persona o personas, o sus autores han recibido la formación necesaria de las mismas fuentes», según la sentencia.

«Si bien no presentan una tecnología elaborada –añade–, su confección demuestra conocimiento sobre el mundo de los explosivos: temporización (hasta 12 horas), iniciación eléctrica, confinamiento del explosivo, etcétera». Insiste, además, en que tenían la suficiente potencia como para causar víctimas. Así, la propia sentencia se hace eco de los informes policiales al subrayar que con «la utilización de confinamiento se potencia la capacidad destructiva del explosivo contenido» y que «el cuerpo de la olla o contenedor se convierte en metralla tras la explosión». Además, «dificultan enormemente las labores de desactivación». Es más, «permiten fácilmente la colocación de sistemas de activación tipo trampa». Ello desmonta lo argumentos esgrimidos por quienes apoyan o justifican a RG, cuando afirman que lejos de ser una organización terrorista, la integran jóvenes inconformistas que actúan de manera expontánea. Una falacia que ya se utilizó para desmarcar la «kale borroka» de ETA.

La sentencia confirma la ubicación de RG, como «brazo armado», en el denominado Movimiento de Liberación Nacional Galego (MLNG), del que han salido diferentes manifiestos desde 2005. En ellos se reivindica la «lucha armada» y se enumeran diferentes «objetivos militares», como entidades bancarias, multinacionales, partidos políticos de ámbito nacional, medios de comunicación, agentes de las Fuerzas de seguridad del Estado, empresas energéticas...