La declaración del interventor de la Junta podría incriminar mañana a Griñán

Los tiempos empleados por Griñán para marcharse han coincidido casi descaradamente con los avances en el caso de los ERE fraudulentos que llevan dos años y medio poniendo contra las cuerdas al presidente de la Junta de Andalucía y que, finalmente, parecen acabar con su carrera política. Al menos en ese frente.

De hecho, el jefe del Ejecutivo aguantó el tirón mientras el caso estaba en los primeros escalones de la pirámide. Cuando se conoció la existencia de intrusos (personas que no trabajaban en las empresas en las que fueron introducidos en los ERE), cuando se detectaron ayudas millonarias a sociedades y grupos de empresas vinculadas a los socialistas, cuando se supo de las comisiones millonarias a las mediadoras. Cuando se conoció que había un chófer, el del exdirector general de Trabajo, que se gastaba el dinero de los parados en comprar cocaína. O que entre los testaferros había un alcohólico y un camello, además de un cocainómano. Incluso cuando un consejero de Empleo (aunque anterior a su mandato) fue enviado a prisión. O cuando se conoció que lo sindicatos también se llevaron buena parte de la tarta de los ERE. Aguantó tener un exconsejero imputado y otro, José Antonio Viera, señalado por la Guardia Civil. Eso sin contar los que fueron nombrados por varios imputados, como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo o Martín Soler.

Sin embargo no pudo aguantar el macro auto de la juez Mercedes Alaya . El primer anuncio del presidente andaluz, el de que no repetiría como candidato y que suponía el primer capítulo de sus despedida se produjo días antes de que la instructora diese el famoso «salto cualitativo» y se quedase a un paso de la imputación del presidente. Alaya dictaba ese macroauto en el que imputaba a la predecesora de Griñán, la que fuera consejera de Hacienda, Magdalena Alvarez, hasta 2004 además de a otros diecinueve altos cargos y exaltos cargos (incluidos directores generales de presupuestos). La juez empleaba unos argumentos perfectamente extrapolables a la situación de José Antonio Griñan que ocupó ese mismo cargo de consejero de Hacienda antes de suceder a Manuel Chaves en la Junta de Andalucía. Según Alaya, se produjo «un dispendio continuado de los fondos públicos» durante casi diez años. Pero, sobre todo, tal y como recordaba la juez, «corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad». Además argumentaba también que el sistema ideado para dar las ayudas sociolaborales (las supuestamente fraudulentas) era indebido y provocó graves «desfases presupuestarios».

Pero la Junta plantaba la última batalla e intentaba a la desesperada un último órdago contra la juez presentando un recurso a la imputación de Magdalena Alvarez y posicionándose como defensa pese a ser acusación particular. Acusaba a la juez de atentar contra la democracia y de poner en cuestión al Parlamento. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción echaba por tierra todas las tesis de la Junta de Andalucía y avalaba los argumentos de la juez. Y Alaya decidía mantener para mañana la declaración del interventor , sin duda el tiro de gracia para Griñán. Su anuncio de que se va llega horas antes de que el exinterventor vaya a soltar toda su artillería.

De hecho a nadie se le oculta que la declaración de mañana puede suponer un punto de inflexión y provocar una posible responsabilidad penal de Griñán . El interventor con toda probabilidad ratificará sus declaraciones. Tanto las que hizo ante la comisión parlamentaria como las que expresó después. Que advirtió quince veces de las irregularidades, que el consejero y viceconsejero de Hacienda «cebaron sin descanso la corrupta partida de los ERE», que el escándalo podría haberse desmontado en veinticuatro horas «con solo una orden verbal». O que el el titular de la Consejería debía leerse las auditorías que le llegaban.

Con esos argumentos la juez instructora puede tener indicios contra el presidente. Sin embargo, mientras ocupe ese cargo o siga como diputado no podrá tomarle declaración sino que debe comprobar si esos indicios son veraces antes de tomar una decisión. Una traca final que supondría que Alaya debería enviar el caso al tribunal competente para encausar a Griñán. Claro que en esto también dependerá del futuro político de Griñán. Si se queda como parlamentario andaluz, el caso iría al TSJA. Si se queda como senador por la comunidad la investigación iría al Tribunal Supremo . Pero ese capítulo está aún por escribir.