El PP amplía una semana el plazo de enmiendas parciales a la Transparencia

Una vez que se cierre el nuevo plazo se dará inicio a las ponencias en la Comisión Consitucional donde los grupos tendrán que concretar hasta dónde alcanzan las obligaciones de transparencia en el caso de las instituciones privadas. Será entonces cuando se negocie la cantidad de dinero público que obligará a que una insitución privada quede incluida en el ámbito de la nueva ley.

El Gobierno, de momento, no tiene una posición predeterminada y coincide con el PSOE en que podría aplicarse una fórmula mixta. Por un lado, fijar el porcentaje que deben suponer los fondos públicos sobre el balance total para que el organismo será incluido -y que podría estar en torno al 40 por ciento- y, por otro, fijar un importe de fondos públicos que, una vez recibido, también obligará a la inclusión en la nueva ley.

Además, los grupos tendrán que acotar hasta dónde aplican las nuevas obligaciones tanto a los sindicatos como a los empresarios que ya han expresado su temor a que un ámbito demasiado expansivo del texto podría vulnerar sus derechos.