Toda la oposición, salvo el PSOE, enmienda la Ley de Transparencia

El texto de las enmiendas de CiU y PNV, pactada por ambos grupos parlamentarios, denuncia que el proyecto de ley sitúa a los órganos autonómicos y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales, "que resulta contraria a su autonomía política y a su potestad de auto-organización". Además de la intromisión competencial, la enmienda a la totalidad critica el ámbito de aplicación de la norma al "estar inicialmente excluida la Casa Real", a pesar de que el PP ya ha anunciado que la Corona estará dentro de la ley.

CiU y PNV también creen "imprescindible" que queden enmarcados en la ley los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como las organizaciones, empresas y confesiones religiosas que se financian fundamentalmente con presupuestos de origen público. También consideran "desmesurados" los límites al derecho al acceso a la información de los ciudadanos que, a su juicio, "neutralizan en buena medida" los objetivos la Ley de Transparencia.

Tratamiento de Casa Real, la Iglesia y los partidos

Por su parte, Joan Josep Nuet, portavoz de la Izquierda Plural en la comisión Constitucional, donde se tramita la ley, ha argumentado que el tratamiento que se le da a la Casa Real, la Iglesia, los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales es "insuficiente" y demanda un escrutinio "profundo y real" de éstos.

Al desconocer el acuerdo "secreto" al que han llegado la Casa Real y el Gobierno para su inclusión en la ley, Nuet ha avanzado que "si al final" la Corona queda blindada, su grupo planteará enmiendas parciales porque exigen conocer no solo el presupuesto, sino también la agenda de todos sus miembros, su patrimonio y sus negocios. También de la Iglesia, quieren, entre otras cosas, que se conozcan todas las cuentas y saber hasta dónde llega la financiación del Estado, que ha tachado de "abrumadora".

Otra de las demandas de la Izquierda Plural es que el organismo de control de la ley no esté sometido al Ministerio de Hacienda como contempla el proyecto sino que sea independiente, supervisado por el Parlamento y cuyo director sea elegido por mayoría cualificada del Congreso y del Senado.

Desde UPyD, se reconoce que el proyecto del Gobierno significa "un avance" respecto a la pobre política de transparencia previa, pero considera que sus "insuficiencias, carencias y contradicciones" redundan en una "pobre calidad jurídica" y son "perfectamente mejorables", lo que les obliga a presentar una enmienda de devolución.

La enmienda de ERC, con texto alternativo, propone que la Ley de Transparencia no solo afecte la Casa del Rey, sino a la propia Jefatura del Estado, la Corona y la Familia Real. También reclama que afecte a cualquier asociación, organismo o entidad que reciba financiación pública, con independencia de su cuantía, aunque solo deberá responder del destino de esos fondos. En particular, se incluyen en este apartado las organizaciones confesionales, como la Iglesia Católica, partidos políticos, sindicatos y patronal. Según la enmienda de ERC, los Presupuestos Generales del Estado deberán contar con una página que enlace cada una de las partidas con las facturas que justifiquen el gasto de cada euro de las mismas. También pide una regulación específica de los lobbies, así como un catálogo de sanciones en caso de incumplimiento.

El BNG y Amaiur también han presentado enmienda a la totalidad, en este caso de devolución. Para el BNG, con el texto presentado por el Ejecutivo el acceso a la información permanece "cautivo y dependiente del Gobierno de turno", y critica que la Iglesia Católica o la banca nacionalizada no estén incluidas de forma expresa en la norma, a pesar de que se gestionan en su mayor parte con fondos públicos.

Todas las enmiendas a la totalidad se debatirán en el pleno del Congreso del próximo 30 de mayo, tras lo que se abrirá un plazo para presentar enmiendas parciales hasta el 11 de junio. Está previsto que comiencen entonces los trabajos en ponencia con el objetivo de que en junio, a más tardar julio, la ley esté aprobada en el Congreso y pueda comenzar su tramitación en el Senado en septiembre, estar aprobada definitivamente a final de año y en vigor en 2014.