El contrato único planteado por Bruselas choca con un rechazo unánime en España

En el Congreso, desde el PP hasta el PSOE, pasando por Izquierda Plural o el PNV, coincidieron en rechazar este instrumento de manera frontal; antes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya había abierto el «fuego» al considerar que ese contrato no tiene encaje constitucional.

Tras la celebración de la Junta de Portavoces, el secretario general del Grupo Popular José Antonio Bermúdez de Castro, descartó sin fisuras la aplicación de este instrumento. Una tesis que respaldó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, al asegurar que Bruselas no tiene competencias para fijar los criterios de contratación en España, mientras que su homólogo de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que ese modelo no sería más que una «invitación» para el despido de los trabajadores más jóvenes «sin causa y casi gratis total». Pero tampoco los empresarios saludaron la recomendación ya que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, la consideró «atrevida» y reclamó a Ándor más datos sobre su impacto.

Coincidiendo con esta visión, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, censuró al comisario por lanzar una propuesta de este calado sin acompañarla de un estudio «sobre sus efectos». «¿En cuántos países se ha implantado este modelo? ¿En el suyo? Creo que en ninguno», le afeó. También Izquierda Plural defenestró la recomendación europea que el diputado de ICV, Joan Coscubiela, calificó de «más precarización» para los trabajadores, mientras el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la calificó de «experimento» que los «burócratas» europeos «no se atreven a realizar en sus países». Solo UPyD defendió la implantación del contrato único porque forma parte de sus propuestas para combatir el desempleo.