El Estado contra el soberanismo

Cuando se produjo aquella declaración, sin carácter ejecutivo alguno, hubo división de opiniones políticas sobre la conveniencia de que el Estado respondiera o no en términos jurídicos, ya que la proclama no dejaba de ser un brindis al sol. Finamente, se impuso la tesis de la Abogacía del Estado, que puso de manifiesto que el texto aprobado contraviene flagrantemente la Constitución, cuyo artículo 1.2 afirma sin ambages que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” en su conjunto.

La suspensión, y la ulterior sentencia bien previsible, no tendrán un efecto político relevante pero marcarán una pauta política de gran valor. En efecto, Mas, obstinado e insensible, acaba de ver cómo su pretensión de actuar al margen del ordenamiento en el camino hacia la independencia encontrará toda la fuerza del Estado de Derecho en su contra.

El ministro Gallardón lo ha explicado con prontitud y claridad hoy mismo: es ya evidente que con esta Constitución no es posible declarar la independencia de un territorio español, por lo que quien pretenda conseguir tal objetivo tendrá que recorrer todo el camino democrático pertinente, esto es, plantear la reforma de la Constitución, en la que deberán intervenir todos los españoles.

Ya se sabe que este trayecto, que es en cierto modo el que intentó recorrer Ibarretxe, es muy intrincado, pero, en cualquier caso, y recurriendo al espíritu del famoso dictamen del Tribunal Supremo canadiense sobre la provincia secesionista de Québec, el nacionalismo catalán debe convencerse de que cualquier pretensión independentista debe resolverse en el marco de una negociación y no unilateralmente. Negociación que resultará ardua y costosa por la propia naturaleza del asunto, pero que resulta inexorable en una democracia consolidada de una antigua nación en que la unidad del Estado es un bien patrimonial irrenunciable para una mayoría de españoles, catalanes incluidos.