Jueces y fiscales, convocados a la huelga

Las reivindicaciones del colectivo se centran en el incremento de la inversión pública y de la plantilla al denunciar que España está en el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes. También piden medios en la lucha contra la corrupción, modificar la ley del indulto, derogar o modificar «urgentemente» la ley de tasas y paralizar la reforma del CGPJ al entender que convierte el órgano de gobierno de los jueces en «un apéndice» del Ministerio.

No es la primera vez que en España hay una huelga de togas. La primera de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga. El Consejo rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga «no es el camino» en el momento actual.

Los profesionales de la Justicia se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al «tasazo» judicial durante los últimos meses. El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre.

Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la «Plataforma Justicia para Todos» critican la «improvisación» y el modelo «impuesto» por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la «única salida» tras las llamadas a la negociación de sus reformas. Las asociaciones representativas de la carrera judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran «de forma separada» y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una «entrevista institucional» con su nuevo presidente, Pablo Llarena.

Precisamente, la APM, mayoritaria en la Carrera y de carácter conservadora, es la única que se ha descolgado de la convocatoria de huelga, junto con la Asociación de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura lamenta esta acción cuando existe una crisis que se proyecta en «tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente».

No obstante, la APM ha registrado una división entre sus asociados cuando ha consultado a las bases sobre la protesta. Por ejemplo, la Sección Territorial de Andalucía, que representa a la cuarta parte de la totalidad de la asociación, ha manifestado su adhesión a la huelga, informa Ep.

La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Además, ha contado con el apoyo de la Plataforma Justicia para Todos, que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. Con todo, estos colectivos han manifestado su disposición a dialogar y abrir la vía de negociación.