Claves para entender el «cupo» vasco

La aportación anual que realiza el País Vasco al Estado en concepto de gastos generales que éste asume por las competencias no transferidas, como Defensa o Casa Real, así como la representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado, ministerios) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE).

Se calcula una contribución del 6,24% del gasto del Estado en esas materias. En su día se fijó en función del peso de la economía vasca en el PIB español. Se renegocia cada cinco años la base sobre la que se aplica, atendiendo al desembolso realizado por el Gobierno central en cada partida de su exclusiva competencia.

El País Vasco cuenta desde finales del siglo XIX con un régimen económico y fiscal propio, denominado Concierto Económico, recogido en su Estatuto de Autonomía. Franco abolió el régimen especial en las declaradas como «provincias rebeldes» de Guipúzcoa y Vizcaya, pero recobraron su capacidad recaudadora en la etapa constitucional. Álava y Navarra la mantuvieron siempre.

El Convenio navarro es similar al vasco.

El Gobierno de Urkullu busca el acuerdo pendiente con el Ejecutivo central para renovar la ley quinquenal del cupo, cuya vigencia expiró el 31 de enero de 2011, por lo que está prorrogada desde entonces.

Las discrepancias entre ambas administraciones sobre la cantidad a la hora de liquidar las cuentas son habituales. En este momento, el País Vasco y el Gobierno central discuten sobre las cuantías de las materias transferidas. Concretamente, Euskadi reclama al Estado unos 500 millones de euros, fundamentalmente por el dinero destinado a sufragar la Ley de Dependencia.

El PNV quiere además revisar el Concierto para incluir tributos de reciente aprobación, como los de loterías o impuestos energéticos.

Principalmente supone dos diferencias importantes respecto a las comunidades autónomas de normativa común. Las diputaciones son las encargadas de recaudar de forma directa todos los impuestos en Euskadi o Navarra en su caso. La recaudación o la inspección fiscal no son de la Agencia Tributaria sino propios de Euskadi o Navarra.

La segunda es que Euskadi y Navarra tiene competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los impuestos Como IRPF, Impuesto Sociedades (salvo IVA e impuestos especiales como alcoholes e hidrocarburos, que corresponde al Estado).

Los beneficios para los ciudadanos pueden ser de dos tipos:

a) Si se aprueban unos tipos de impuestos menores, entonces los ciudadanos pagan menos. El País Vasco ha contado históricamente con una presión fiscal menor. En la actualidad, y después de las modificaciones fiscales del Gobierno de Rajoy , en Euskadi la presión fiscal, especialmente en IRPF, es sensiblemente menor.

Además existen exenciones importantes como la de compra de vivienda que se mantienen en el País Vasco, mientras que en el resto del Estado se han suprimido.

b) Aunque no tiene porque ser así, normalmente la cantidad de recursos públicos por habitante que gestionan las instituciones vascas es superior a los del resto de España, especialmente los años en los que va bien la economía y hay una recaudación mayor.

En términos similares al ejemplo anterior, existen menores tipos reales en la liquidación del Impuesto de Sociedades y mayores inversiones y ayudas del Gobierno vasco para las empresas.

Lo que paga el País Vasco no depende de los ingresos que tiene sino de los gastos que tiene el Estado. Por ello si por tener una mejor situación económica tiene más ingresos el resultado es que las administraciones vascas tienen más dinero para gasto/ inversión por habitante. En la actualidad este sistema está beneficiando a Euskadi. Sólo si tuviera una caída fuerte en su economía, mayor que en el resto del estado, la situación empezaría a ser desventajosa para el País Vasco.

No. El régimen económico especial está protegido por la Carta Magna, en cuya disposición adicional se especifica que España «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales» (Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra).

Existe además un acuerdo de las Cortes Generales, que en 2010 aprobaron el «blindaje» de las normas tributarias vascas.

No hay en Europa territorios con tanta capacidad de normativa fiscal. Pero sí que hay excepciones fiscales en la Unión europea, especialmente en los territorios lejanos a las metrópolis. Estos tienen unas ventajas y privilegios fiscales muy fuertes para compensar los problemas de alejamiento que tienen. Un ejemplo de ello es Canarias.