El tres por ciento aún acecha a CiU

El 24 de febrero de 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall le soltó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU), el celebérrimo: «Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento». Una nada velada acusación de que en tiempos de la Generalitat que presidía Jordi Pujol las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servirían para financiar a CiU.

Mas acusó a Maragall de perder los papeles y le instó a rectificar amenazándole con frustrar la negociación del Estatut. Maragall acabó por rectificar y CiU y PSC se aliaron para evitar una comisión parlamentaria sobre el asunto. Pero la justicia tomó nota.

Meses después del rifirrafe parlamentario, la Fiscalía se puso a investigar el supuesto cobro de comisiones y nació el caso tres por ciento o caso Adigsa, la empresa pública de la Generalitat encargada de la construcción y reforma de pisos sociales. Una denuncia que, apoyada con el testimonio de varios empresarios que dieron fe de las mordidas —incluso las elevaron del 3 al 20 por ciento—, se concretó en una querella contra ocho personas.

Los imputados fueron: varios constructores, presidente de Adigsa cuando ocurrieron los hechos, Ferran Falcó (CiU); el consejero delegado de la empresa pública y militante de CiU, Josep Anton Fondevila, y Josep María Penín, pariente lejano del que llegó a ser consejero de Obras Públicas, Felip Puig — hoy es consejero de Empresa—, y que supuestamente ejercía de intermediario entre los empresarios y los cargos públicos que cobraban comisiones. En su declaración ante el fiscal, Penín llegó a decir que Puig y Oriol Pujol estaban al tanto del pingüe negocio, pero luego se desdijo ante el juez.

La querella del fiscal no alude a una presunta financiación ilegal de CiU, pero sí a presuntos pagos de hasta el 20 por ciento por obras de rehabilitación de pisos sociales y acusa a los querellados por delitos de malversación o prevaricación, entre otros. En 2007, el juzgado que instruyó el caso dio su labor por concluida y mantuvo imputados a los ocho implicados. Sinembargo, aún no ha llegado el día de su juicio.

La tramitación de esta causa, como tantas –léase Pallerols, Palau...–, se demoró por varias cuestiones procedimentales técnicas, como un peritaje de las viviendas solicitado por la defensa de Falcó, pero especialmente por una circunstancia sobrevenida: desde 2011, Falcó, que era concejal en Badalona, pasó a ser diputado en el Parlament y lo sigue siendo. Aforado, pues. El juez tuvo que inhibirse en favor del TSJC para que dirima si debe imputar a Falcó. Y en ese trámite está el caso ahora. Otro diputado de CiU ante la justicia, la misma senda que se vislumbra ante el secretario general de CDC, Oriol Pujol, por el caso ITV, o al ex alcalde Lloret, Xavier Crespo, por sus supuestos vínculos con empresarios rusos.

Falcó, como concejal de Badalona, está tratando de impulsar junto a PSC e ICV una moción de censura que desbanque al alcalde, Xavier García-Albiol, del PP. Entre otros argumentos, censuran a Albiol un caso de corrupción protagonizado por un edil popular ya expulsado, que encargó obras a espaldas del equipo de gobierno. CiU, con Falcó al frente, decidirá su estrategia esta semana.