El CGPJ no puede hacer nada por Garzón

Ayer, al comienzo de la Comisión Permanente, que no llevaba este asunto en su orden del día, el secretario del CGPJ dio cuenta a sus cinco miembros del envío de un total de 19.985 reclamaciones de apoyo a Garzón que habían ido entrando desde el domingo al correo electrónico de Agustín Zurita, director de comunicación de este órgano. Las peticiones llegaron desde la plataforma Change.org, una página web donde los usuarios cuelgan sus reivindicaciones a las que se puede adherir los internautas que simpaticen con ellas.

Tras conocer este dato, los cinco vocales de la Comisión han autorizado a Zurita a responder a los solicitantes. Se les recordará que si el CGPJ expulsó a su día al exjuez de la Audiencia Nacional de la Carrera fue por «obligación legal», en cumplimiento de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por autorizar las escuchas a los cabecillas de la trama «Gürtel» con sus abogados en prisión. La respuesta a los casi 20.000 ciudadanos que piden la readmisión de Garzón también recordará que el CGPJ carece de competencias para revisar decisiones judiciales como es una sentencia del Supremo.

Las firmas han llegado tras las informaciones sobre las cuentas millonarias en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas y los «sobresueldos» de dirigentes «populares». «Dado que es el único que fue valiente para investigar la trama podrida del PP y esto le costó su cargo. Con las informaciones recientes sobre la corrupción en la sede del PP y las cuentas en Suiza de Bárcenas, queda demostrado que iba descubrir el pastel y por eso lo echaron. Es el único que va a llegar hasta el final», recoge la iniciativa impulsada en Internet. La única salida para conmutarle la pena a Garzón estaría según fuentes de este órgano en manos del Gobierno que, si lo desea, podría concederle el indulto.

Actualmente, el Ministerio de Justicia tramita la petición de la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) para otorgar la medida de gracia a Garzón y que cuenta con el consentimiento previo del afectado. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fue expulsado en febrero de 2012 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena a 11 años de inhabilitación especial por permitir la intervención de las conversación de cabecillas de la trama «Gürtel» con sus abogados.