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El Gobierno frena los desahucios durante dos años y crea un fondo de vivienda social

Podrán beneficiarse de esta medida los colectivos más vulnerables, entre ellos los que no superen en 3 veces el nivel de renta del IPREM y sean familias numerosas, tengan menores de tres años o miembros con discapacidad

Día 16/11/2012 - 09.13h
jaime garcía

El Gobierno ha aprobado la creación un fondo social de viviendas constituido por un parque de inmuebles que estará destinado al alquiler con precios «bajos» para las personas que no tengan hogar.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la información avanzada por ABC en su edición impresa. Este fondo de viviendas ofrecerá alquileres a «precios muy razonables».

Junto a esta medida, el Ejecutivo ha aprobado también paralizar durante dos años el proceso de alzamiento de las viviendas de los afectados por desahucios que estén en una situación especialmente vulnerable. La bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

Esta medida protegerá a las familias numerosas, a aquellas unidades monoparentales con dos hijos al cargo, las familias con un hijo mejor de tres años, con alguno de sus miembros con discapacidad igual o superior al 33%, cuando el deudor esté en una situación de desempleo y haya agotado todas las prestaciones o en los casos donde haya una víctima de violencia de género en la unidad familiar.

El conjunto de los ingresos, ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, no podrá superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.598 euros al mes, es decir, 19.164 euros anuales). También se procederá a la moratoria de dos años cuando se haya producido una «alteración significativa en los ingresos familiares» o cuando la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Se entenderá que hay una alteración significativa cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50% en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

El objetivo del Gobierno es que nadie se quede sin vivienda. Por ese motivo, la dación en pago no entra en los planes del Ejecutivo. «Es una solución de último recurso», ha explicado De Guindos. Ha añadido que esa medida significa entregar las llaves de la vivienda.

La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado que la labor del Ejecutivo es dar una respuesta rápida a los problemas más acuciantes. Por eso, tras no llegar a un acuerdo global con el PSOE, se ha procedido a la aprobación de Real Decreto. «La oposición tendrá que valorar su posición sobre este asunto, nosotros tenemos que tomar medidas y nuestra voluntad ahora es seguir trabajando en un diálogo con todos los grupos y el PSOE», ha señalado.

Tras el aviso de Bruselas, que ha recordado al Gobierno español que está obligado a consultar cualquier reforma sobre los desahucios, el Gobierno ha defendido que no procede a una revisión de la ley hipotecaria -si se hace será más adelante-, sino que se modifica la fase final del proceso. «Lo que se incluye en el decreto ley no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria», ha aclarado el ministro de Economía.

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