El Gobierno podría ahorrar hasta 100.000 millones en ajustes en la Administración

Mientras Europa deshoja la margarita de dar o no más tiempo a España para cumplir con los objetivos de déficit, la realidad es que 2013 abre un periodo nuevo de ajustes para lograr cuadrar las cuentas. Descartado ya prácticamente un escenario con un déficit del 6,3% del PIB en 2012, más bien algo superior al 7%, y teniendo en cuenta que en 2013 el objetivo de déficit es del 4,5% del PIB, los nuevos recortes que tendrá que afrontar Mariano Rajoy en este ejercicio estarían entre los 25.000 y 30.000 millones.

¿Cómo conseguirlo? Todos los ojos ya están puestos en la Administración, la única que a día de hoy no ha hecho sus deberes. ¿Por dónde empezar? Vender empresas públicas deficitarias, cargadas de deuda, suprimir las diputaciones, el Senado, las televisiones públicas autonómicas o los improductivos y costosos consejos económicos y sociales están entre las opciones que tiene el Gobierno para ajustar sus cuentas. Pero ¿cuánto ahorro supondrían? Más de 100.000 millones en uno de los escenarios más duros.

De 2013 parece que no pasará. Antes de que acabe el año el Ejecutivo quiere tener ya en marcha la esperada reforma de la Administración. Delicada tarea que controlará en primera persona y con mano de hierro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Ejecutivo ya ha puesto en marcha un equipo para elaborar un plan que incluya el esperado adelgazamiento de la Administración. ¿Qué se espera de esta reforma? Antes de nada, eliminar duplicidades, suprimir organismos públicos, simplificar burocracia y centralizar la gestión de los servicios generales de la Administración Central y autonómica. En resumen, atajar el redimensionamiento de unas instituciones engordadas durante quince largos años de bonanza económica, pero imposibles ya de sostener con una crisis que ha obligado a realizar los ajustes más duros de la democracia. ¿Por dónde empezar? Esta es una guía de recortes posibles:

La deuda asciende a 56.000 millones

Empresas públicas autonómicas y locales: dependiendo de cada caso particular se deberían cerrar o privatizar, salvo muy contadas excepciones. Solo en el endeudamiento de estas empresas hay metidos más de 21.000 millones (2,1% del PIB) y si se incluye el de las empresas de la Administración Central se llega a 56.000 millones (5,3% del PIB). Esto hablando solo de su endeudamiento si se realizase una auditoria estimando cuales son las subvenciones, transferencias y demás que reciben este tipo de organismos la cifra se incrementaría notablemente.

Desprenderse de las «joyas de la corona» le reportaría al Gobierno unos ingresos de alrededor de 15.000 millones. La SEPI -la sociedad pública que las engloba- espera a que se despeje la incertidumbre económica para deshacer posiciones en Ebro, IAG, EADS, REE o Navantia. A ello se sumarían las participaciones que han llegado a manos del Estado tras la entrada del FROB en BFA, NovagaliciaBanco o CatalunyaCaixa.

Un gasto anual de 22.000 millones

Son organismos que tienen a un lado a los ayuntamientos y al otro a las comunidades autónomas con quienes se solapan en sus contenidos. Este ha sido uno de los capítulos de la descentralización del Estado que no se ha llevado a cabo: cuando se organizaron de la forma actual las comunidades y los ayuntamientos se tenían que haber cerrado las diputaciones, mantenidas por inercia. En la actual coyuntura ha llegado el momento de tomar la decisión de cerrarlas. Creadas hace dos siglos, las diputaciones llevan tiempo en el punto de mira. Según un informe del Círculo de Empresarios, las 41 diputaciones provinciales, tres forales (correspondientes a cada una de las provincias vascas), siete cabildos y cuatro consejos insulares suponen un gasto anual de 22.000 millones.

Cataluña, 1,6 millones

Son muchos los que opinan que habría que proceder al cierre de todos ellos. Se crearon al amparo de la Ley 1/2002 y en su creación y evolución (se pusieron en marcha solamente en algunas de las comunidades autónomas) se han demostrado absolutamente prescindibles, ya que las materias que tratan podrían ser asumidas por un órgano central sin que se produjesen las duplicidades en los costes de funcionamiento que se han venido produciendo hasta ahora. El gasto destinado a estas instituciones varía según la región. Con datos de Freemarket, algunos ejemplos son: los Presupuestos catalanes para 2013 destinan a la Autoridad de Defensa de la Competencia, que en su caso es la unificación del Tribunal y el Servicio, 1,6 millones; los gallegos, le asignan 548.000 euros; los vascos, 330.000; y los valencianos, 410 millones. Alguna región, como Madrid, han suprimido este organismo.

Recortes de 3.500 millones

El Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas la reforma de la administración local. Con ella pretende clarificar las competencias municipales, reducir el número de concejales, limitar el sueldo de los alcaldes y ahorrar unos 3.500 millones evitando duplicidades, uno de sus quebraderos de cabeza.

Organos consultivos de 9 millones

Son órganos consultivos de los gobiernos en materia socioeconómica y laboral y su creación y gestión está transferida a las autonomías; su función es elaborar informes o dictámenes sobre proyectos de los ejecutivos, pero sus conclusiones no son vinculantes. El CES estatal tiene en nómina a 61 miembros y otros tantos más dependen de las comunidades. Los Presupuestos dedicaron 8,84 millones en 2012 para estos organismos. Aragón, por ejemplo, destino 620.000 euros; Cataluña, 2,65 millones de euros; Galicía, 792.000 euros y Canarias 750.000.

Una factura de 1.200 euros anuales

Del adelgazamiento del Estado ninguno de los expertos consultados salva del ajuste los medios audiovisuales autonómicos y locales, una fuente de influencia del gobierno de turno en cada región y, por tanto, un gasto muy difícil de justificar para los ciudadanos en momentos en los que el riguroso cumplimiento del déficit público está obligando al Gobierno a aplicar severos ajustes. El coste anual para las arcas públicas de las televisiones privadas es de 1.200 millones, a lo que hay sumar una deuda de 2.000 millones.

La Televisión de Cataluña (TVC) sigue siendo la autonómica más cara de España, como demuestran los 260 millones de euros de recursos públicos destinados a la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, lejos de la siguiente en la lista, la corporación vasca, con ayudas de 117 millones. TVC tiene en nómina a más de 1.800 trabajadores, una plantilla superior a la de la suma de los empleados contratados por Antena 3 y Telecinco.

Ingresos de 4.500 euros

La guía de «ventas» en la Administración incluiría también como opción cerrar o reconvertir aeropuertos no rentables. La venta de los aeropuertos rentables, que son aquellos con un alto volumen turístico y los grandes aeropuertos de ciudad importantes como Madrid y Barcelona. De estas ventas se podrían obtener unos 2.600 millones. Además, si el Estado vendiese el 49% de los puertos manteniendo así la mayoría en el control de su costa portuaria podría obtener unos 1.900 millones, contabiliza Freemarket.

Privatizar el 49%, 1.073 millones

La privatización del 49% de las infraestructuras de los AVE españoles podrían suponer para las arcas públicas 1.073 millones.

Más ingresos para comunidades y ayuntamientos

El transporte público urbano, metro y autobuses, son una fuente de déficit que bien gestionado podría resultar rentable para una empresa privada y su concesión significaría un ingreso para el ayuntamiento o la autonomía que lo controla en este momento.

Le cuesta a los españoles más de 50 millones anuales

Aunque la supresión de la Cámara Alta no se traduciría, en términos económicos, en un ahorro destacable, el debate sobre su utilidad o función se ha reavivado con la crisis. La Cámara Alta está compuesta por 207 senadores electos y 56 más designados por las comunidades autónomas, y su presupuesto para 2013 sufrirá una reducción del 2% respecto al del año anterior, cifrado entonces en 53.214.437 euros. Esta cantidad, a su vez, ya reflejó una reducción del 3,5% en comparación con el presupuesto para 2011.

Beneficio para ciudades y empresa concesionaria

Privatización de la gestión y distribución del agua potable de las ciudades es otra de las opciones. Esta medida también podría suponer unos ingresos para cada ciudad por la concesión y unos beneficios para la empresa concesionaria.

Algunos, de difícil justificación

La lista con las posibles medidas de adelgazamiento de la Administración incluye también la eliminación de organismos autónomos cuyo cometido es muy difícil de justificar como, por ejemplo, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, cuyo cometido se ha ido reduciendo con el tiempo y podría ser acometido en otra parte de la administración, reduciendo con esto un capítulo de los presupuestos. Y como este ejemplo se podrían citar muchos más.

Mil millones en 2012

Un primer capítulo en el que, según todos los expertos consultados por Empresa, habría que reducir los gastos del Estado sería en las transferencias de cooperación y ayuda al desarrollo, el famoso 0,7% (del PIB), un compromiso del que hizo bandera el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La opción en estos momentos que más gana enteros entre los analistas es congelar esta ayuda al exterior dada la delicada situación en la que se encuentran las cuentas públicas de España y dejar las aportaciones solo para la iniciativa privada.

Las ayudas que España ha ido aportando para esta causa han sido muy variables a lo largo de los años. El 0,7% (7.000 millones de euros) es solamente un compromiso, pero nunca se ha llegado a materializar. En 2012, por ejemplo, el Ejecutivo estableció esta ayuda en 1.049 millones de euros.

Reducir el «aparato»

Estos dos grandes capítulos del Estado del Bienestar fueron transferidos a las comunidades autónomas con el objeto de avanzar en la descentralización de los servicios públicos y cederlos a niveles territoriales para acercarlos más al ciudadano en cada región. Esta desagregación, con mejor o peor resultado, ha tenido como resultado un incremento de los aparatos burocráticos de estos dos servicios a nivel regional y ninguna reducción de los mismos a nivel central.

Por tanto, una de las primeras medidas a tomar a la hora de reducir el gasto podría ser adelgazar de forma significativa y urgente los «aparatos» de los Ministerios de Sanidad y Educación que están duplicados.

Reducción del gasto en un 20%

Para Freemarket otra medida para reducir el gasto público vendría de la reducción que supone el copago en el total del gasto farmaceútico -finalmentemente un 20%-. Se podría extrapolar este supuesto al total del gasto sanitario y se podría calcular que si se introdujese el copago en materia sanitaria se reduciría la mayor parte de los capítulos de este gasto sanitario en el entorno de un 20%, lo que supondría un ahorro espectacular.

Reducir el tope a un año reportaría 13.000 millones

Modificar el tiempo máximo de la prestación por desempleo a la mitad, de dos año a uno, manteniendo su cuantía, supondría un ingreso añadido para el Estado de unos 13.000 millones. El gasto en prestaciones por deseempleo previsto para 2013 supera los 26.000.

Una inyección de 45.000 millones anuales

La maraña legislativa y la falta de unidad de mercado restan a la economía española unos 45.000 millones al año, según CEOE. La unidad de mercado está a punto de convertirse en una realidad en España. El Gobierno aprobará de forma inminente el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, para facilitar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Con una sola licencia autonómica, las empresas podrán operar en cualquier punto de la geografía española, sin necesidad de pedir una nueva autorización en la comunidad donde se desee comercializar sus productos y prestar sus servicios.

Un 23% del PIB oculto

La lucha contra la economía sumergida está siendo una de las prioridades de Gobierno. Desde la organización de los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman que la tasa de economía sumergida en España alcanza el 23,3 % del PIB, lo que supone unos 90.000 millones de euros.