Pide la implicación de todas las administraciones
La Subdelegación aboga por una solución integral contra la mendicidad infantil
El Ayuntamiento defiende que ya trabaja para sacar a los niños de las calles

La denuncia de la Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) ante el Fiscal del Menor «contra la utilización de niños» rumanos de etnia gitana en Córdoba para ejercer la mendicidad, ha llevado al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, a solicitar la colaboración de «todas las instituciones» para buscar una «solución integral». En palabras del máximo representante gubernamental, se trata de una realidad «que había desaparecido», pero que ahora «ha vuelto a aflorar» y contra la que hay que actuar «para erradicarla» cuanto antes.
En este sentido, ha confesado que le «repugna» que haya esta situación en las calles de la capital cordobesa, dado que «no es de recibo que se produzca una mendicidad y menos una mendicidad utilizando a los niños». Por ello, ha insistido en que «todas las administraciones están obligadas a hacer algo más, a dar un paso más», ya que, en su opinión, «no es solo cuestión de seguridad, sino que es un tema social».
Primo Jurado ha señalado que «no tiene constancia de que haya mafias» que se lucren con la mendicidad infantil, aunque sí ha destacado que «es una práctica dolorosa a la vista y al sentido común». Así, ha apuntado que «hay que ver cómo están las ordenanzas municipales, cómo la Fiscalía tipifica estos temas para no incurrir tampoco en pasarnos de la Ley».
Por su parte, la concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, María Jesús Botella, ha señalado que la atención que presta a los niños rumanos de etnia gitana persigue «evitar su presencia en las calles y procurar la adopción de hábitos de escolarización, higiene y alimentación adecuada».
Botella ha explicado que el programa de atención municipal consiste tanto en la unidad de calle como en la unidad de estancia diurna, que cuentan con un presupuesto anual que supera los 140.000 euros. La unidad de calle está formada por una trabajadora social, un educador y un intérprete de rumano y es «un trabajo a pie de calle», haciendo un seguimiento para «garantizar la correcta escolarización y atención sanitaria, como el cumplimiento del calendario de vacunas, entre otros aspectos».
Además, la concejal ha señalado que la población rumana «tiene también a su disposición las ayudas de emergencia y las ayudas económicas familiares si cumplen con los requisitos para acceder a ellas».
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