Un paso más para la Ley de Tasas

Tras un receso de algo más de una hora, los grupos parlamentarios debbatieron y votaron las 111 enmiendas parciales presentadas a la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, 95 del PSOE y 16 del PP. De las enmiendas, salieron adelante todas las del PP y se rechazaron todas las socialistas, que se mantienen vivas para el Pleno donde se debatirá finalmente la ley, previsiblemente, según fuentes parlamentarias, el próximo jueves 29 de noviembre.

Tras la aprobación de las enmiendas del PP, la ley recoge que queden eximidos de pagar las tasas por revisar el grado de discapacidad y dependencia quienes tengan una renta igual o inferior al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). De este modo, no tendrán que pagar la tasa por revisar el grado de dependencia o de discapacidad, que es de 40 euros en el primer caso y de 30 euros en el segundo, quienes tengan unos ingresos iguales o inferiores a 399 euros al mes. Esta exención también sirve para la tasa que se va a establecer a quienes pidan la revisión de los programas de atención individual (PIA) previstos en la ley de Dependencia, que será de 15 euros.

En el resto de enmiendas, el PP ha propuesto asuntos técnicos, como el cambio del nombre de la propia ley, que pasa a llamarse «de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias», aunque también incluye un aumento en el precio de un tipo de licencia de caza.

En el debate, el diputado del PP José Luis Teruel propuso al PSOE una enmienda transaccional relacionada con la ganadería, que modificaba varios artículos, si bien los socialistas no han aceptado la propuesta por considerar, según el diputado del PSOE José Molina que es «una enmienda a la totalidad e intenta dejar sin efecto» la ley del tasas y, en cualquier caso, aseguró que «es mejor la propuesta del PSOE».

«La ley hace un verdadero ataque» a la ganadería, denunció Molina, ya que «impone unas tasas que hacen imposible el sostenimiento del negocio».

Teruel defendió la presentación de estas tasas en ganadería al asegurar que es una trasposición a la normativa regional de directrices marcadas por la UE y que, por lo tanto, son de obligado cumplimiento.