Más vida laboral para no matar al sistema

La exigida nueva reforma de las pensiones forma parte de la batería de recomendaciones que llegan desde Europa. A finales de mayo, la Comisión presentó una durísima hoja de ruta para España. A cambio de prolongar un año, hasta 2014, el plazo para reducir el déficit al 3% Bruselas reclamó una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral , además de subir el IVA. Sobre las pensiones gustaba la letra de la reforma de Zapatero de 2011, pero ante el fuerte impacto de la recesión se reclamaba acortar tiempos.

El Gobierno se ha resistido hasta donde ha podido, pero el peso de la fuerte destrucción de empleo paralelo al crecimiento sostenido en el número de pensionistas ha hecho que fuera preparando el terreno para una nueva reforma. ¿Qué llega ahora? En 2011 el Ejecutivo de Zapatero retrasó de 65 a 67 años la edad de jubilación, de 35 a 37 el periodo cotizado para tener derecho a cien por cien de la pensión y amplió de 15 a 25 los años para calcular la prestación... todo ello a aplicar en un periodo transitorio que comenzará en enero de 2013 y concluirá en 2027. ¿El paso siguiente?

Lo más inmediato ahora es ahorrar recursos al sistema de pensiones teniendo en cuenta que cerrará ejercicio con un deficit de 7.000 millones. Ahorrar significa trabajar más y cobrar menos... apurar el retiro hasta la edad legal de jubilación. Lo inmediato, por tanto, es penalizar cualquier forma de jubilación anticipada; el sistema no aguanta y es necesario sotener el mayor tiempo posible a los cotizantes en activo. Y las medidas deben llegar antes de que acabe el año.

De las 198.600 jubilaciones que se realizaron el año pasado, el 50,6% fueron anticipadas. La pensión que se cobraba en este último caso (1.344,42 euros mensuales) fue superior a la de quienes se retiraron cuando cumplieron los 65 años (1.234,5 euros). El sobrecoste que suponen estas jubilaciones antes de tiempo ha llevado al Gobierno a proponer al Pacto de Toledo una batería de medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación. Acercar la edad real (63,5) a la legal (65 años) es ahora un objetivo.

La reforma de pensiones que entrará en vigor en enero contempla varias vías de jubilación anticipada. La primera permitirá retirarse a partir de los 61 años si el trabajador es despedido o cierra la empresa siempre que tenga cotizados 33 años (ahora 30). Otra vía es la que permite el retiro adelantado a partir de los 63 años de forma voluntaria para quienes hayan cotizado al menos durante 33 años. En ambos casos se aplicarán unos coeficientes de reducción sobre la pensión teórica que le correspondería al jubilado. Cuando aún no han entrado estos cambios en vigor, el Gobierno ha hecho llegar al Parlamento una propuesta para retrasar la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada o parcial de forma paralela al retraso paulatino de la edad legal para jubilarse (de 65 a 67 años entre 2013 y 2027). Un endurecimiento al que se uniría un aumento del periodo mínimo de cotización exigido para acceder al retiro anticipado y un aumento de los coeficientes de reducción por adelanto del retiro.

Piensa el Ejecutivo que en momentos de crisis como el actual los empleados públicos no deben jubilarse anticipadamente de forma voluntaria. Se trataría de eliminar la opción que en estos momentos tienen cerca de un millón de funcionarios, especialmente docentes y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que ahora sí pueden acogerse a esa opción.

Al Gobierno no le gusta cómo funciona esta fórmula que permite el retiro parcial de un trabajador antes de la edad legal de jubilación y su sustitución por otro empleado con un contrato de relevo . Como en el caso de la anticipada, Empleo también propone el retraso de la edad (61 años) para retirarse parcialmente y aumentar el periodo mínimo de cotización (30 años). Es partidario también de aumentar el tiempo mínimo de duración del contrato de quien va a relevar al jubilado o que el importe final de la pensión varíe en función del coste de este tipo de jubilación para el sistema, que ronda los 2.704 millones al año.

Es una reivindicacion histórica del Pacto de Toledo pero no ha llegado a buen puerto, «siempre ha contemplado una fuerte rigidez en el ámbito de la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de un trabajo», dice la ministra de Empleo, Fátima Báñez en su informe al Congreso. Pero ahora, el Gobierno parece empeñado en abrir la puerta a que los jubilados que lo deseen puedan seguir trabajando . Para ello piensa que debe haber más facilitades para compatibilizar el cobro de la pensión con un salario siempre que el jubilado tenga cubierto el periodo de cotización necesario para percibir el cien por cien de la prestación. Y puede haber premios en forma de menos cuotas o más pensión.

Permitir que el trabajador permanezca voluntariamente en su empleo tiene una doble ventaja en estos momentos de debilidad económica. Por un lado, el jubilado podrá completar sus ingresos y, por otro, el Estado recibirá más ingresos por cotización. Es, además, una de las recomendaciones que llegan desde Bruselas y una fórmula de éxito en países como, por ejemplo, Alemania. En la actualidad, ya se puede recibir la pensión y trabajar al mismo tiempo en nuestro país, pero no plenamente, solo de forma proporcional.

El Ejecutivo quiere acabar con el costoso mecanismo de revalorización de las pensiones y buscar otros parámetros «más fiables» para fijar la evolución del coste de la vida. Para ello habría que reformar el artículo 48 de la ley general de la Seguridad Social, que establece la revalorización automática de las pensiones al comienzo de cada año en función del IPC previsto. La idea que maneja el Ejecutivo es suprimir la cláusula automática de las pensiones , cuyo impacto prespuestario sería inmediato. Pero no parece que ahora sea lo más inmediato. No entrará en la primera ronda de reformas, pero está en la agenda del Gobierno para evitar que ocurra de nuevo una situación como la que se producirá en noviembre.

La inflación interanual en este mes servirá para actualizar las pensiones en casi 2,5 puntos, ya que las pensiones subieron en enero un 1% y el IPC podría situarse ese mes de noviembre en el entorno del 3,5%. El coste de las arcas públicas para esa desviación sería de unos 5.000 millones, de los que aproximadamente la mitad, 2.500 millones sería con cargo al Presupuesto de este año. Es la cantidad que correspondería a la paga que recibirían los pensionistas en enero para compensar por lo que no han cobrado en 2012. Además, esta subida se consolidará en 2013, con lo que los Presupuestos de ese año tendrán que hacer frente a un gasto de otros 2.500 millones.

Pero la decisión última está en el aire. Las exigencias europeas de cumplir el objetivo de déficit del 6,3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas este año, ha pospuesto la decisión final del Gobierno hasta el último momento, cuando sepa si hay margen para hacer este fuerte desembolso. Buscar ese margen es el encargo prioritario que Rajoy ha hecho ya a sus ministros económicos.