El Tribunal Constitucional rechaza revisar la condena a Baltasar Garzón

Garzón alegaba en su recurso que el fallo del Supremo pone en peligro la independencia judicial que garantiza la Constitución. Sostenía que la condena del Supremo es «gravísimamente inconstitucional en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático», en cuanto que le condena por «un delito que no existe en las leyes españolas». En una providencia fechada el pasado 29 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Pablo Pérez Tremps, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras examinar el recurso han acordado no admitirlo a trámite «dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela». Las actuaciones se archivarán «sin más trámite» si la Fiscalía no recurre esta decisión, añade la providencia. Una vez rechazado este recurso, Garzón podría recurrir su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una posibilidad que él ha contemplado en diversas manifestaciones públicas. A juicio de Garzón la cuestión de las escuchas telefónicas está pendiente de la aprobación de una ley que las regule, que se «ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe».

Por ese motivo, Garzón defenfía que el Supremo le condenó por «ir en contra» de los criterios particulares de los magistrados del alto tribunal, hasta el punto de que los integrantes del tribunal construyeron «a la medida» el delito de prevaricación por el que fue condenado. En su opinión, su condena «supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial».

Tras conocer la decisión del TC, Garzón ha anunciado que acudirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y alegará que España carece de ley reguladora en materia de escuchas judiciales. En una nota distribuida por el entorno del juez, Garzón lamenta que la inadmisión de plano de los recursos de amparo por el TC sea de más del 95 por ciento,«y ello por el motivo, dicho sea lisa y llanamente, de que se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal» a los ciudadanos.

Garzón lamenta que por parte del tribunal español de garantías no se aprecie ni siquiera la mera posibilidad de la existencia de una infracción de sus derechos fundamentales en la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó y que «tantas controversias y críticas ha producido en el mundo del derecho, tanto dentro como fuera de España». Considera que, de haber admitido a trámite su recurso, el Constitucional, «difícilmente habría podido hacer otra cosa que estimarlo, lo que habría supuesto un conflicto con el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional en este caso no se ha atrevido a afrontar , eliminando el problema de raíz, mediante la inadmisión no motivada, y causando graves perjuicios al recurrente».