Isabel Pantoja vuelve a compararse con la Infanta Cristina para rechazar su imputación

El letrado recordó que esa resolución de la Audiencia de Palma de Mallorca tacha de «inadmisible» que un juzgado inicie esa investigación prospectiva (buscar hasta encontrar algo, no porque existan supuestos indicios de delito) sobre la Infanta porque los procedimientos penales «no existen para ello ni para facilitar morbosa publicidad». La tesis que mantiene Galán, postura defendida desde que comenzó la vista oral, es que contra su cliente no existían elementos para llevar a cabo una investigación sobre ella a raíz del caso Malaya, tronco del que se separó la causa que ahora se juzga en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga. Es decir, esas diligencias habrían surgido porque era la pareja de Julián Muñoz.

La defensa de Pantoja también insistió, como a finales de junio, en que a lo largo de la instrucción ha habido vulneración de los derechos fundamentales de la cantante . En cuanto a la nueva documentación que se pretende incorporar a la causa, el abogado la ha rechazado prácticamente en su totalidad, igual que ha hecho el abogado de Julián Muñoz.

El conocido como caso Blanqueo (o caso Pantoja) tiene diez imputados y trata de dilucidar si el exalcalde de Marbella utilizó a sus exparejas para «lavar» fondos de origen ilícito y si recibió sobornos por favorecer los intereses de un empresario.

Pantoja está acusada por Anticorrupción de un delito continuado de blanqueo de capitales y se enfrenta a tres años y medio de cárcel y a una multa de 3,6 millones de euros. En el punto de mira están la compra del chalé «Mi gitana», en la urbanización marbellí de La Pera, y la adquisición de un apartamento en el hotel Guadalpín con una sociedad de la cantante que presuntamente carecía de ingresos para hacer frente a los 350.000 euros que costó el inmueble. En sus cuentas bancarias y en las de sus empresas, además, se detectaron ingresos en efectivo de origen desconocido por un importe de 1,1 millones de euros durante el tiempo que duró su relación con Julián Muñoz.

La acusación pública sostiene que los negocios se realizaron con dinero ilícito del exalcalde, que se expone a una petición fiscal de siete años y medio de prisión por blanqueo y cohecho. Zaldívar se enfrenta a tres años y medio de cárcel y a una multa de 2,6 millones de euros. Habría blanqueado fondos (1,3 millones de euros) que su exmarido «ocultaba en el extranjero» y dinero en efectivo que tenía en casa y que se habría llevado tras la ruptura matrimonial.

La vista oral comenzó el pasado 28 de junio y aún están pendientes de resolver las cuestiones previas planteadas entonces por las partes. Ese día, el abogado de la tonadillera pidió al tribunal que preside el magistrado Federico Morales la «nulidad radical» de la causa y sostuvo que la investigación sobre su cliente «se inició sin absolutamente nada» contra ella. Está previsto que mañana comiencen las primeras declaraciones.