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Adiós al Senado y adiós a las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas. Ante la «extrema gravedad» de la situación económica actual, el PNV propone una reforma constitucional que persiga el «adelgazamiento de la estructura del Estado», incluyendo la supresión de la Cámara Alta y las 17 oficinas —delegaciones y subdelegaciones— del gobierno central en cada región autónoma, reduciendo así la representación del Estado en el País Vasco.
Esta es la oferta formulada este viernes al Ejecutivo central por el partido de Iñigo Urkullu, que reclama también una reducción presupuestaria drástica del Ministerio de Defensa —el PNV defiende la retirada de efectivos militares del País Vasco—, de Interior —con una menor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en suelo vasco— y de la partida destinada a la Casa Real, en la misma «proporción» que se está llevando a cabo en otras carteras como Sanidad y Educación.
Tras presidir una reunión con los cargos de su partido en la sede central del PNV en Bilbao, Urkullu ha anunciado que los suyos harán una «resistencia democrática» a los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, y convalidados ayer en el Congreso con el voto mayoritario del PP.
El candidato del PNV a presidir el próximo Gobierno Vasco ha criticado el incremento del IVA decretado por el Gobierno central, si bien ha reclamado la creación de un fondo interinstitucional, dotado de esa recaudación añadida, para incentivar la economía —con ayudas para reactivar el circulante de pymes— y estimular el consumo. Urkullu ha instado al lendakari, Patxi López, a solicitar de manera urgente la reunión de la comisión mixta del Concierto Económico y ha asegurado que ha pedido a todos los cargos del PNV que renuncien de forma «voluntaria» a una paga de su retribución salarial.
