El Congreso apoya tipificar como delito la violencia urbana

Mientras aumentan las medidas de seguridad a las puertas del Congreso y las manifestaciones se vuelven rutinarias, los diputados de CIU y el Grupo Popular tienen previsto aprobar hoy una moción presentada ayer por CIU que, entre otras medidas, propone la creacción del delito específico de violencia urbana , así como una nueva definición de delito de alteración del orden público y atentado.

El PP apoyó ayer esta medida que coincide en líneas generales con el anuncio del Gobierno de un endurecimiento del Código Penal para atajar «la espiral de violencia» que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de «guerrilla urbana» . La medida será probablemente aprobada pese al rechazo del resto de los grupos parlamentarios.

En la moción también se propone una nueva regulación de las circustancias agravantes en los actos de violencia urbanas, como el uso de explosivos o líquidos inflamables o el lanzamientos de objetos contundentes . Asimismo, piden una tipificación específica de la difusión de cualquier tipo de información que tenga por objeto organizar o promover la participación de actos de alteración del orden público, siempre que sean constitutivos de delito.

Entre las conductas que se pretenden incluir en el catálogo de infracciones y sanciones se encuentran la resistencia pasiva , el bloqueo de la vía pública o la desobediencia a la autoridad .

CIU también propuso ayer en el Congreso la modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión con la finalidad de «armonizar» el legítimo ejercicio de este derecho constitucional con una «más eficaz protección» de la seguridad ciudadana y del orden público.

Todo ello fue denfendido por el diputado de CIU Jordi Jané con el argumento de «se trata de medidas legislativas para aislar a los grupos que utilizan la violencia , actúan de forma planificada, que buscan crear el caos y el daño al patrimonio público y privado».

En la misma línea, el diputado popular Conrado Escobar negó ayer en el Congreso que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno sea una apuesta por un «estado policial», sino que trata de buscar el equilibrio entre seguridad y libertad.