Los fiscales progresistas critican que se retiren los escoltas a los magistrados y no a los políticos

La Unión Progresista de Fiscales ha rechazado la medida del Ministerio de Interior de retirar la escolta a jueces y fiscales al entender que «existe un riesgo real» de que sufran «amenazas individuales o de grupos organizados».

En un comunicado, los fiscales progresistas recuerdan que, pese a que la amenaza de ETA ha disminuido, «aún existen juicios pendientes contra sus miembros y son numerosos los peligros presentes y futuros provenientes del terrorismo y crimen organizado ».

La retirada de los escoltas influirá en el trabajo de los magistrados que, «en muchos casos, perderán la necesaria paz y sosiego para realizarlos correctamente».

Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de ralizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar taresas de seguridad ciudadana.

Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada pagadas por el Estado.

A la UPF le sorprende que Interior justifique la medida «en criterios de austeridad y recorte del gasto público», y que, en cambio, «se mantenga a determinados cargos políticos no expuestos a este nivel de riesgo».