La mafia rusa, de nuevo al calor del ladrillo

Al margen del político sospechoso, por parte de la organización criminal rusa, la Kremlyoscaya, destacan tres nombres propios: Ricardo Fanchini, máximo responsable y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de droga; Robert Gaspar, uno de sus hombres en España, y también hay informes que vinculan con el caso a Robert Mani, quien ya fue denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno.

Todos ellos son considerados policialmente como personas relevantes del crimen organizado ruso. Fanchini, además, tuvo una íntima relación con Roman Frumson (eran socios en los negocios de pantalanes de Puerto Banús), asesinado en febrero de 1998 en su lujosa residencia de una urbanización marbellí. Las investigaciones policiales del crimen revelaron la participación de la novia del capo, Stella, quien habría contado con la colaboración de dos de sus novios. De hecho, según esas pesquisas, Stella habría pedido permiso a la mafia rusa para que se perpetrara el crimen. El trabajo de la Policía española permitió conocer la identidad de los dos sicarios autores materiales del asesinato. Se les perdió la pista en San Petesburgo, entre otras razones por la falta de colaboración de la Policía rusa, según las fuentes consultadas.

Fanchini pasaba temporadas en la Costa del Sol. Ha traficado con droga, vodka, diamantes y coches robados en varios países europeos y en Estados Unidos. Fue detenido en Londres en 2007 a petición de Estados Unidos tras ser controlado por la DEA. Había sido identificado por varias agencias policiales europeas como un delincuente internacional y tras él estaban Bélgica y Alemania. Su captura fue tan importante que el secretario de Estado de Justicia norteamericano en ese momento lo consideró como el mejor ejemplo de cooperación de visita oficial en el Reino Unido.

Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la zona, tal como se puso de manifiesto en las investigaciones policiales que acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de dinero descubierta hasta entonces en nuestro país.

El inicio de la investigación del «caso Ballena Blanca» se produjo tras las pesquisas policiales dirigidas contra Vladimir Karlinsky y Germán Pastouchenlo por tráfico de drogas. Como resultado de estas investigaciones apareció implicado un grupo de individuos, en su mayoría procedentes de países del Este (sobre todo de Rusia y Ucrania), vinculados con actividades delictivas graves, y asimismo un despacho de abogados. Estos ciudadanos constituían sociedades limitadas, con un capital social mínimo de 3.000 euros.