Educación prevé 600 interinos menos y una subida de tasas de hasta 400 euros
Generaliza la ratio de 10 alumnos para todas las enseñanzas, aunque garantiza que ningún centro rural desaparecerá
Con la mirada puesta en los alumnos, «que son lo más importante del sistema educativo» y con el objetivo de buscar la eficiencia y , a la vez, «racionalizar y controlar el gasto en una situación económica tan delicada», el consejero de Educación, Juan José Mateos, desveló ayer cuales son las principales medidas de ajuste que adoptará su departamento, entre las que destaca la subida media de entre 200 y 400 euros para primeras matrículas universitarias y la supresión de entre 400 y 600 profesores interinos en la educación no universitaria.
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«Son medidas difíciles y dolorosas pero absolutamente necesarias», justificó el consejero, quien prevé un ahorro de 7,5 millones en el conjunto de actuaciones que se aplicarán en el ámbito de la educación no universitaria. Aunque su departamento no contempla cierres de centros rurales agrupados, admitió que se acometerá la reducción progresiva de los grupos de Educación Secundaria Obligatoria que permanecen en los centros de Infantil y Primaria del ámbito rural, comenzando por aquellos que tengan un ratio inferior a diez alumnos por grupo. Esa cifra —diez alumnos— será la generalizada a la hora de mantener los ratios mínimos también en los ciclos de Formación Profesional, así como para poner en marcha otros Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), mantener los primeros cursos en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en las optativas de ESO y Bachillerato en el ámbito urbano, aunque en el medio rural se situará en ocho. Respecto a los programas de diversificación «se aplicará de manera estricta la ratio mínima de seis alumnos en la zona rural y ocho en la urbana, establecida ya para el presente curso».
25 horas lectivas
El consejero detalló también cómo quedará la jornada lectiva del personal docente una vez aplicada la ampliación. En este sentido, recordó que el establecimiento de un mínimo de 20 horas supone un incremento de carga horaria «que deberá destinarse a la mejora de la calidad y los resultados académicos». Para ello se ampliará en una hora de tutoría al profesor tutor de los cursos de la ESO y se impondrá como lectiva la hora de guardia para el no tutor. Así, en total se aplicará el mínimo de 25 horas lectivas semanales para maestros y de 20 en el resto de enseñanzas.
En cuanto al Bachillerato, el consejero anunció que se optará progresivamente por una de estas dos medidas según el número de alumnos: impartir conjuntamente las materias comunes de ambos bachilleratos o que los centros próximos oferten únicamente una de las modalidades para que los alumnos puedan desplazarse a uno o a otro en función de la modalidad, iniciativa —tanto ésta como las anteriores— que el consejero extendió a la concertada. «No se nos oculta que esta medida va a repercutir el profesorado interno», admitió Mateos, quien prevé un ajuste de más de 7,5 millones el presente año, lo que equivaldría a la supresión de entre 400 y 600 profesores interinos.
En cuanto a la enseñanza universitaria, el consejero anunció la creación de una comisión Junta-Universidades que tendrá hasta octubre para estudiar la eliminación de titulaciones duplicadas y reforzar la especialización de estas instituciones, que entrará en vigor en el curso 2013-2014. Mateos se refirió también al reajuste de precios públicos que en la Comunidad se establecerá en la mitad del intervalo fijado por el Real Decreto nacional, lo que se traduce, según las primeras estimaciones, en una subida de entre 200 y 400 euros para un curso de 60 créditos a partir de junio. De esta forma se prevé un incremento de la financiación privada en torno a 7 millones de euros para el presente año y de 21 para el curso completo, expuso el consejero, quien anunció la creación de un Fondo de Solidaridad con ayudas para las familias que lo necesiten. «Para nosotros la posibilidad de realizar estudios universitarios es un derecho que no va a limitarse porque estamos hablando del principio de igualdad de oportunidades», defendió Juan José Mateos, quien fue acusado por la oposición de pretender el desmantelamiento del sistema público educativo.
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