Acusan a Ruiz-Mateos de usar a un sobrino para recuperar Dhul

MADRID

La fábrica de Postres Dhul puede volver a manos de un Ruiz-Mateos, concretamente Alejandro, sobrino del patriarca jerezano y socio de Factor Gráfico S.L., la única candidata para hacerse con la factoría de Granada. El juez de lo mercantil (la empresa está en concurso de acreedores) autorizó la venta de la planta a este grupo y dio de plazo hasta el pasado sábado para que demostraran su solvencia, pero han solicitado una prórroga a los administradores judiciales.

Joaquín Yvancos, ex jefe del área jurídica de Rumasa y ahora parte de la acusación contra los Ruiz-Mateos, va a entregar hoy un escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que «esta operación es una maniobra de los Ruiz-Mateos a través de testaferros para quedarse con la fábrica limpia de las deudas que tenía la empresa», asegura a ABC. Dhul tiene un pasivo de más de 250 millones de euros, pero los compradores no quieren la sociedad, sino la factoría. Además, tiene autorización para utilizar la marca Dhul. Ofrecen por la fábrica 21,8 millones de euros, pero sin poner el dinero, sino asumiendo deuda.

Los compradores deben crear una nueva empresa, Dulces y Postres de Granada S.L., que la formarían Factor Gráfico —que es proveedora de Dhul— (88%) y ex directivos de la compañía (12%). Estos son los que han pilotado la empresa desde que era de Nueva Rumasa. Entre ellos está Antonio Isla, condenado a tres años de cárcel por delito de estafa en el caso «Choco Galicia», donde actuó en nombre de José María Ruiz-Mateos.

El juez Blas Alberto González dice en su último auto que la oferta es baja y que existe el «riesgo» de que quienes la presentan «estén dando cobertura a compradores que no serían nunca admitidos», pero se resigna a autorizar la venta para intentar «salvar 200 puestos de trabajo».

Jorge Molina, vicepresidente del Comité de Empresa, cree que es «mejor la venta que la liquidación» y descarta que Alejandro Ruiz-Mateos esté actuando en nombre de su tío. Dhul S.L. fue la firma elegida para avalar la mayor parte de las emisiones de pagarés que investiga la Audiencia Nacional.