Un acuerdo guardado en una caja fuerte

Se trata, según documentación aportada por el PP, del preacuerdo firmado el 10 de febrero de 1999 entre la Junta y la empresa Hijos de Andrés Molina, una empresa cárnica jiennense, además de representantes de los sindicatos UGT y CC. OO. Entre esos representantes, figuran dos nombres que ya han aparecido en la trama de los ERE fraudulentos de la Junta. De un lado, el ex gobernador civil de Cádiz ya fallecido César Braña, que fue incluido como «intruso» en el ERE de Hytemasa, empresa en la que nunca trabajó. De otro, Juan Lanzas, también conocido como el «conseguidor» por su supuesta habilidad para lograr prejubilaciones fraudulentas.

Ambos aparecen en el preacuerdo firmado entre Cárnicas Molina y la Junta de Andalucía, que, según el PP, constituyen el germen de lo que fue el «fondo de reptiles» con el que se pagaron los ERE irregulares. Lanzas aparece como representante de UGT, mientras que Braña lo hace por la empresa. Según los populares, el embrión del caso de los ERE estaría en este convenio que firmó, siendo consejero de Empleo, Guillermo Gutiérrez, con el entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, para transferir 686.000 euros destinados a las prejubilaciones de los trabajadores de Molina.

La Intervención Delegada de la Junta emitió un informe en 2000 donde se afirmaba que el preacuerdo contravenía la normativa europea. Este hecho lleva a Sanz a afirmar que la Junta conocía desde el «primer momento» que el procedimiento que se seguía para la concesión de ayudas a empresas en crisis era «irregular». A este informe siguieron ocho más más la Intervención General de Hacienda.

Entre estas irregularidades destacan, según la documentación del PP, que la cobertura económica de las prejubilaciones se aplicará a trabajadores de 48 años.

A pesar de ello, llama aún más la atención que ambas partes acordaran firmar «un solo ejemplar de estos acuerdos, el cual se depositará para su custodia en la presidencia del Consejo Económico y Social» de Jaén, advirtiéndole a su presidente que «dada la confidencialidad de los acuerdos, no deberán dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad», salvo autorización expresa de sus firmantes.

Como el Consejo puso reparos a esa pretensión, se realizó un anexo al preacuerdo, en el que se decidió depositar el documento «en una caja de seguridad de una entidad financiera, que solo podrá ser abierta con el consentimiento de dos de las tres partes firmantes». Dos de esas tres partes firmantes eran Juan Lanzas y César Braña.